La nueva ordenanza reguladora de Convivencia Cívica aprobada por el Ayuntamiento de Alicante sigue causando revuelo, no sólo en la propia provincia, también en la Comunitat Valenciana. A pesar de que la ordenanza pretende «preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva», son muchos ciudadanos lo que están en contra.
De hecho, la vicepresidenta Mónica Oltra ha afirmado que esta ordenanza da, como respuesta a las mujeres prostituidas, «víctimas de violencia machista», una multa. «A mi eso me preocupa. Porque es añadir más daño a las víctimas, e ir en la dirección contraria».
«Lo último que debe ocurrir es multar a la víctima»
Así, Oltra asegura que «lo último que debe ocurrir es multar a la víctima, o a las personas pobres. Además de lo inútil que resulta poner una multa a una persona que no tiene recursos». En cuanto a esta normativa, la vicepresidenta reconoce que «persigue estigmatizar todavía más» a estas personas en riesgo de exclusión social. «Algo que tanto le gustaba al antiguo régimen franquista», añade Oltra, que asegura le preocupa este tipo de casos, en los que «Vox condiciona los gobiernos».
