La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido al Consell que reactive los controles y garantías para que la vivienda de protección pública (VPP) llegue efectivamente a quienes la necesitan. La solicitud ha buscado reforzar un sistema de adjudicación que, según ha señalado, debe ser transparente y verificable de principio a fin.
La petición se ha producido tras un encuentro con colectivos de vivienda y asociaciones vecinales y ante las VPP investigadas en la Playa de San Juan, en el residencial Les Naus, donde se analizan posibles irregularidades en las adjudicaciones. La titular de Vivienda ha reclamado una auditoría para aclarar los procesos: ‘Lo que pido es que la Generalitat vuelva a los controles y a las garantías existentes en esta comunidad y una auditoría para saber que está ocurriendo’. Con ello, ha subrayado la necesidad de restituir mecanismos que eviten desvíos del parque protegido a destinatarios que no cumplen requisitos.
Auditoría y transparencia en las adjudicaciones
Rodríguez ha denunciado la privatización en la adjudicación de VPP en la Comunitat Valenciana y en otras autonomías y ha hecho extensiva su exigencia de controles más estrictos al conjunto de gobiernos regionales mediante la actualización de las normas ‘para garantizar la transparencia en los registros y en la adjudicación de vivienda‘. Ha insistido en que la protección debe ser a perpetuidad, con reglas estables que impidan cambios discrecionales y aseguren trazabilidad en cada expediente.
Esa protección a perpetuidad, ha defendido, solo es efectiva si se blinda el régimen de transmisión: ‘nunca se pueda vender si no es con un precio público y para personas que las precisan en las condiciones en las que se adecuan’. Este enfoque ha buscado evitar reventas especulativas, mantener el parque protegido dentro del circuito social para el que fue creado y dar certidumbre tanto a demandantes como a administraciones.
En clave política, la ministra ha advertido de una deriva que, a su juicio, deshace salvaguardas: ‘hay una orientación política claramente de querer romper con todos los blindajes de garantía de transparencia y de protección de lo público, y por tanto volvemos al modelo del Partido Popular’. Con esta crítica, ha situado el debate en la necesidad de preservar estándares de control que se habían aplicado y que, según ha dicho, han demostrado su utilidad.
Respecto al alquiler, y ante las subidas de precios denunciadas por los colectivos vecinales, Rodríguez ha afirmado que ‘existe una ley que se está explicando en otras partes de España’ que permite congelar rentas, citando como ejemplo a Cataluña, País Vasco o Galicia. Ha apuntado que esta herramienta ofrece una vía inmediata para aliviar a los inquilinos si las autoridades autonómicas la aplican con decisión y coherencia con el resto de medidas de vivienda.
Protección frente a desahucios y caída del escudo social
Durante su visita a Alicante, la ministra también ha insistido en que el Gobierno seguirá trabajando para evitar desahucios de familias vulnerables. Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo actuará con ‘los instrumentos públicos que tenemos a nuestro alcance‘ para proteger a los hogares sin alternativa habitacional.
En un encuentro con periodistas celebrado junto a las viviendas de protección pública investigadas en la Playa de San Juan, la ministra se ha referido a la caída en el Congreso del decreto del escudo social, que incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables por impago de rentas.
La no convalidación parlamentaria ha impedido que esa prórroga entre en vigor automáticamente, por lo que el Ejecutivo ha asegurado que seguirá trabajando para proteger a las familias afectadas mediante otras herramientas ya existentes en el sistema público.
En este sentido, Rodríguez ha señalado que ‘no ha sido posible porque el Partido Popular y otros grupos minoritarios, como Junts, no han querido‘, en referencia a la votación en el Congreso, en la que también se registraron votos en contra de Vox.
A pesar de este escenario, la ministra ha reiterado que el Gobierno continuará utilizando los recursos disponibles para evitar lanzamientos de familias vulnerables: ‘vamos a estar velando porque en este país no se produzcan desahucios de familias vulnerables, con los instrumentos públicos que tenemos a nuestro alcance, desde las viviendas sociales hasta la protección social que existe en los ayuntamientos‘.
Según ha trasladado, su agenda en Alicante también ha incluido reuniones con plataformas de vivienda y representantes vecinales, con el objetivo de recoger sus demandas y analizar el impacto de los procedimientos de desahucio en la ciudad.
Con este paquete de mensajes, la ministra ha instado a reforzar controles, auditar los procedimientos y actualizar marcos normativos para que la vivienda protegida cumpla su función social, llegue a los hogares con derecho y permanezca protegida en el tiempo.
El Consell defiende más control en las viviendas protegidas
Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la política de vivienda del Consell y ha asegurado que los procesos de concesión de viviendas de protección pública se realizarán con “más control y publicidad”, además de criterios en los que prime el arraigo de los solicitantes.
Durante la sesión de control en Les Corts Valencianes, el president ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno valenciano para ofrecer soluciones a los problemas de acceso a la vivienda y ha instado a los grupos de la oposición a colaborar en el esclarecimiento de cualquier irregularidad.
Pérez Llorca ha reclamado que se investiguen los posibles casos irregulares en la adjudicación de VPP independientemente de su origen político y ha señalado que estas situaciones deben aclararse vengan “del partido que sea”.
En su intervención, también ha criticado la gestión del anterior gobierno autonómico en materia de vivienda. Según ha señalado, durante la legislatura anterior “no se construían viviendas y las pocas que tenían para adjudicar se dieron a amigos del Gobierno”.
El jefe del Consell ha defendido que su ejecutivo está centrado en ofrecer soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, frente a lo que ha descrito como una estrategia de confrontación política por parte de los grupos de la izquierda.
Asimismo, ha reiterado el compromiso del Consell con la protección de los propietarios de vivienda, al considerar que existe un problema real en España relacionado con la ocupación ilegal.
En este sentido, ha destacado la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Ocupación, que presta atención jurídica, psicológica y social a los afectados a través de la red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y de los servicios Justiprop distribuidos por el territorio.
Alcalde pide al Gobierno un plan de vivienda social para Alicante
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que está a la “entera disposición” de la comisión de investigación que se constituye este jueves en Les Corts Valencianes sobre las irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan para “dar absolutamente todas las explicaciones”.
Tras participar en la presentación del torneo de tenis ATP-100 Challenger Alicante Montemar y preguntado por los periodistas, el primer edil ha expresado su disposición a atender “lo que se estime oportuno” en dicha comisión y a facilitar la información que “entienda que debe darse” por parte de “cualquier grupo” político de Les Corts.
Barcala ha señalado que espera que los trabajos parlamentarios contribuyan a esclarecer lo sucedido “desde el principio y hasta el final” en este “escándalo” y, sobre todo, que permitan garantizar que las viviendas protegidas cumplan su finalidad social. En este sentido, ha defendido que el objetivo debe ser que “ni una sola” vivienda pueda quedar en manos de personas a las que no les correspondía.
En relación con la visita a Alicante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el alcalde ha criticado que el Gobierno central lleve siete años “prometiendo 200.000 viviendas por toda España” sin ejecutar ninguna. Asimismo, ha confiado en que la presencia de la ministra en la ciudad sirva para que el Ejecutivo central “se fije en Alicante”, tanto en materia de inversiones como en los presupuestos estatales.
Por ello, Barcala ha reclamado que, en un asunto “tan sensible” como la vivienda, el Gobierno anuncie un plan de vivienda social para la ciudad y la provincia. Según ha señalado, esta iniciativa debería desarrollarse de forma paralela a los proyectos impulsados por el Ayuntamiento, que, según ha afirmado, “no va a parar en la promoción” de vivienda pública para responder a la “demanda enorme” existente.
El alcalde ha insistido en que el consistorio continuará con “todos los proyectos y las promociones que teníamos previstas”, adoptando medidas que garanticen que la vivienda social llegue a quienes realmente la necesitan.
En este contexto, ha recordado que en las últimas semanas el Ayuntamiento ha entregado 24 viviendas sociales promovidas directamente por el consistorio, a diferencia del caso de Les Naus, donde el proceso de adjudicación lo dirigía una cooperativa. Según ha subrayado, en estas adjudicaciones no ha habido “absolutamente ni una sola objeción” por parte de los grupos de la oposición respecto a los criterios de asignación ni a los beneficiarios.
Tres expedientes informativos en el Ayuntamiento
Preguntado por si el Ayuntamiento ha abierto una investigación interna para localizar a un posible funcionario que hubiera destapado el caso de Les Naus, Barcala ha negado que exista una “cacería” contra un supuesto “topo”. El alcalde ha explicado que actualmente solo hay tres expedientes informativos en marcha.
El primero busca aclarar posibles incompatibilidades de dos arquitectas beneficiarias de las viviendas, así como comprobar si pudiera haber más personas de sus departamentos en una situación similar. El segundo expediente se refiere a la dimitida directora general María Pérez-Hickman y el tercero analiza la tramitación de las plusvalías presentadas por la cooperativa, en respuesta a la petición de explicaciones formulada por Vox durante el pleno monográfico celebrado a comienzos de febrero.
Barcala ha insistido en que estos procedimientos no son disciplinarios, sino únicamente informativos, y que se solicita información a los funcionarios para determinar su relación con los trámites investigados. Según ha explicado, “no hay ningún expediente disciplinario y no existe ni siquiera la intención” de abrirlo salvo que se detecte alguna irregularidad.
El alcalde ha añadido que estos expedientes están a disposición de la jueza que investiga las supuestas irregularidades, por si pudieran aportar información relevante para el proceso judicial.
Barcala afirma que desconocía la participación de Rocío Gómez en la cooperativa
Respecto a cuándo tuvo conocimiento de que la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, del PP, era una de las 140 adjudicatarias de las viviendas de Les Naus, Barcala ha reiterado que lo desconocía hasta que recibió información desde el área de Patrimonio con el listado de compradores.
El alcalde ha señalado que no sabía que Gómez perteneciera a ninguna cooperativa hasta ese momento y ha añadido que tampoco conocía dónde residía la exedil. “No sé dónde viven muchos de mis concejales”, ha afirmado, antes de explicar que, por tanto, también desconocía que hubiera realizado pagos a la cooperativa vinculada al residencial.
Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha indicado que los tres expedientes informativos están prácticamente finalizados. Según ha explicado, podrían estar listos como muy tarde el próximo martes para su traslado a la Junta de Gobierno Local, lo que permitiría convocar inmediatamente la comisión municipal de investigación sobre el caso.
