Oltra ha indicado que la ampliación de la norma, realizada a través de la Ley de Medidas, responde a “una de las grandes demandas del movimiento feminista” y “afecta tanto al concepto de lo que es violencia contra las mujeres, como a las manifestaciones de la misma, así como el concepto de lo que es el agresor, que se amplia a los nuevos supuestos de violencia”.
De esta manera, la violencia contra las mujeres, en cualquier de sus manifestaciones, pasa a ser considerada una violación de los derechos humanos y se incluyen, como tal, nuevos conceptos, como los matrimonios forzosos o las prácticas de abortos o esterilizaciones forzosas así como cualquier imposición o abuso sexual, con independencia de si tiene o no relación de pareja con el agresor, ha precisado la administración en un comunicado.
Todas estos tipos de violencia podrán ser atendidos por las profesionales de la red de Centros Mujer 24 horas, que existen en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta también ha señalado que a partir de ahora, en el caso de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género, será suficiente contar con un certificado acreditativo de atención especializada realizado por un organismo público competente en materia de violencia sobre la mujer para poder solicitar el traslado, la baja o la adaptación de su jornada laboral.
Modelos de “Masculinidad igualitaria”
Otra de las novedades es que, entre las medidas a impulsar por las administraciones públicas para informar y sensibilizar sobre este tema, se incluyen los programas de prevención de la violencia y de la promoción de nuevos modelos de masculinidad igualitaria, “mediante el cuestionamiento de roles de género estereotipados y machistas”, ha indicado.
Asimismo, la ley establece que la Generalitat no podrá contribuir al sostenimiento económico, por cualquier fórmula de colaboración, de aquellos medios medios de comunicación que incluyan publicidad sexista y de prostitución.
La vicepresidenta ha destacado que la adaptación de la ley al Convenio de Estambul supone un “gran avance”, ya que además de ser jurídicamente vinculante, “implica reconocer la violencia contra las mujeres más allá del marco de las relaciones sentimentales, pasando a describirlo como un problema social”.
Pacte contra la violencia
Oltra ha destacado que esta modificación normativa supone un nuevo avance en el marco del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que ya lleva dos años en funcionamiento, y que “ha supuesto un marco de acuerdo y de diálogo no solo entre las diferentes fuerzas políticas, sino de la sociedad en su conjunto”.
El acuerdo, “el único de España que contempla la participación directa de la sociedad civil”, tiene un periodo de cumplimiento de cinco años y, en su segundo aniversario, ya cuenta con el 82 por ciento de las 293 medidas iniciales en marcha, según ha informado la vicepresidenta, quien ha explicado que se ha decidido introducir algunas nuevas para atender a la realidad del día a día, como es el caso de la citada Estrategia.
En estos momentos, ya hay 166 medidas que están realizadas o en ejecución permanente, 74 que están en proceso y 53 pendientes de desarrollo, ha desglosado Oltra, quien también ha indicado que en estos dos años 1.022 entidades y 12.108 particulares han suscrito el Pacte a través de la web.
La vicepresidenta ha incidido en que el Pacte es un documento vivo y, como tal, incluye nuevas fórmulas para luchar contra las distintas formas de violencia machista que existen en la sociedad actual. En este sentido, ha recordado que este año pasado se decidió crear un grupo de trabajo sobre cómo luchar contra la violencia sexual desde la perspectiva de la educación afectivo-sexual.
El Pacte también ha creado otro nuevo grupo para diseñar la figura del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género con diversidad funcional, que es un colectivo doblemente vulnerable y que requiere de un apoyo específico en este tipo de situaciones.
Asimismo, ha recordado que otro de los objetivos que se han marcado desde el Gobierno valenciano para esta legislatura es la aprobación de una nueva ley de Igualdad, que nacerá de un proceso participativo, abierto y horizontal, y que trabajará sobre la base de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una “premisa básica en la lucha contra la violencia machista”.
