Hoy comienza el juicio contra la que fue alcaldesa de Monforte del Cid entre los años 2003 a 2015 y al que fue secretario interventor del mismo por irregularidades en la adjudicación de la plaza del encausado.
La Fiscalía mantiene que los acusados omitieron cualquier publicidad o transparencia para que él obtuviera la plaza de secretario interventor, durante diferentes periodos entre los años 2009 a 2015, sin facilitar ningún tipo de información a la administración autonómica, que no pudo ejercer ningún control de legalidad en los procedimientos, y sin informar al pleno municipal al que, según el Ministerio Público, ocultaron intencionadamente las resoluciones que se dictaban.
De este modo, el procesado habría desempeñado el puesto de trabajo sin el título habilitante para la plaza creada y sin obtener la misma en un procedimiento selectivo, por lo que habría vulnerado los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los encausados una pena de prisión de tres años y medio por un delito de falsedad documental en concurso con un delito de nombramiento ilegal, y diferentes penas de multa e inhabilitación por dos delitos de nombramiento ilegal y otro de prevaricación.
