Hoy comienza el juicio contra el exalcalde de Santa Pola entre 2003 y 2015, a dos exconcejales del mismo periodo, dos empresarios y tres empleados de una empresa por las irregularidades registradas en la concesión y en la explotación de una clínica privada que estaba ubicada en instalaciones municipales.
Según mantiene la Fiscalía, el primer edil y las concejalías delegadas no vigilaron el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión ni velaron por el interés público.
Tampoco exigieron que la mercantil pagara el canon anual establecido y adjudicaron a la empresa de forma directa del servicio de reconocimientos médicos de los funcionarios del Ayuntamiento.
Por último, el Ministerio Fiscal les acusa de permitir que una de las procesadas, trabajadora de la clínica, hermana del exalcalde y pareja de uno de los exconcejales encausados, cobraba sin ir a trabajar.
El Ministerio Público les acusa de varios los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas y solicita provisionalmente para los acusados penas que oscilan entre los dos años y tres meses y los ocho años y cinco meses de prisión.
Para los exrepresentantes públicos, la Fiscalía solicita además 10 años de inhabilitación para cargo público de alcalde, teniente de alcalde o concejal durante 10 años.
