El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha respaldado a la Autoridad Portuaria de Alicante en el conflicto abierto por el cálculo de las tasas que pagan las empresas por ocupar espacios dentro del puerto. La sentencia desestima el recurso presentado por Terminales Marítimas del Sureste y confirma que las liquidaciones se ajustaron a la legalidad.
El origen del litigio estaba en varias liquidaciones de la tasa de ocupación del dominio público portuario, un importe que las empresas concesionarias deben abonar por el uso de terrenos e instalaciones del puerto. La compañía recurrente cuestionaba cómo se habían calculado esas cantidades.
Cómo se calculan las tasas y qué dice el tribunal
La sentencia avala el sistema utilizado por la Autoridad Portuaria, que se basa en el acta de reconocimiento de las obras. Este documento sirve para fijar de manera objetiva la superficie realmente ocupada por la concesión y para aplicar, en su caso, las bonificaciones vinculadas a las inversiones realizadas.
El tribunal destaca que este acta fue aceptada en su momento por ambas partes y que constituye una base clara y transparente para calcular las tasas. Por ello, concluye que la Autoridad Portuaria no actuó de forma arbitraria y que las liquidaciones estaban correctamente motivadas y ajustadas a la normativa portuaria.
En total, el procedimiento judicial afectaba a liquidaciones por un importe global de 1.633.990,45 euros, correspondientes a ejercicios anteriores y a superficies concesionadas dentro del puerto de Alicante.
Costas y consecuencias del fallo
Al desestimar íntegramente el recurso, el TSJCV ha impuesto además las costas del procedimiento a la empresa demandante, que deberá asumir los gastos derivados del proceso judicial.
Desde la Autoridad Portuaria valoran la resolución de forma muy positiva, ya que refuerza la seguridad jurídica en la gestión del puerto y confirma la validez de los criterios aplicados para el cobro de las tasas a las empresas concesionarias.
La sentencia se produce, además, en un contexto de normalización de las relaciones institucionales entre la Autoridad Portuaria y la empresa, tras una etapa de mayor diálogo y voluntad de entendimiento para avanzar en el desarrollo del puerto de Alicante.
