El PSOE de Sant Joan d’Alacant ha acusado al gobierno municipal del Partido Popular, encabezado por el alcalde Santiago Román, de haber “perdido el control de la vivienda pública en Nou Nazareth” tras detectar, según sostienen, nuevas irregularidades en el proceso de comercialización de las viviendas de protección pública previstas en una parcela municipal.
Durante una comparecencia pública, la secretaria general del PSOE local, Eva Delgado, y la portavoz municipal socialista, Esther Donate, han denunciado que la promotora adjudicataria habría estado solicitando pagos de alrededor de 1.750 euros en concepto de reserva para viviendas que todavía no cuentan con la calificación provisional obligatoria ni con el contrato de venta del suelo formalizado.
Además, según han explicado desde el grupo socialista, existen anuncios publicitarios de la promoción en los que se indicaba que las viviendas podían destinarse “tanto para residir todo el año como para una segunda vivienda”, algo que, según recuerdan, resulta incompatible con el régimen jurídico de las viviendas de protección pública.
Donate ha advertido de que, si se confirma este extremo, se trataría de “un incumplimiento muy grave de las condiciones de vivienda protegida”, ya que estas viviendas deben destinarse a residencia habitual.
Quejas registradas por el proceso de comercialización
Los socialistas también han dado a conocer la existencia de registros de entrada en el Ayuntamiento que alertan de posibles irregularidades en la comercialización.
Uno de ellos, fechado el 22 de febrero, recoge la queja de un demandante de vivienda que denunciaba que las viviendas de tres dormitorios ya se habrían asignado tras una convocatoria presencial a la que acudieron entre 70 y 80 personas, sin que, según afirmaba, se hubiera realizado publicidad institucional ni comunicación previa a otras personas interesadas.
Sin embargo, según relataron desde el PSOE, al día siguiente de presentar la reclamación esa misma persona registró un nuevo escrito desistiendo de la queja, después de que la comercializadora le ofreciera finalmente una vivienda.
Ante esta situación, Donate se preguntó “cómo es posible que un ciudadano presente una queja a un ayuntamiento y al día siguiente tenga una vivienda mientras cientos de personas siguen esperando”.
Inscripciones antes de adjudicar la parcela
El PSOE también ha informado de un nuevo registro presentado el 4 de marzo en el que una persona asegura haberse inscrito en una lista de interesados el 9 de diciembre de 2025, es decir, diez días antes de que la parcela fuera adjudicada oficialmente por la Junta de Gobierno.
La portavoz socialista ha cuestionado cómo pudieron producirse inscripciones previas a la adjudicación y ha planteado dudas sobre la transparencia del proceso de selección de los compradores.
Encabezado temático: Críticas al silencio del gobierno municipal
El grupo socialista ha criticado además la falta de explicaciones públicas por parte de la concejala de Vivienda, Charo Tomás, que, según han señalado, no ha comparecido hasta el momento para aclarar lo sucedido.
Donate ha afirmado que “estamos hablando del mayor escándalo relacionado con vivienda pública en Sant Joan en los últimos años y la concejala responsable no ha dado ni una sola explicación”.
Desde el PSOE también han cuestionado las explicaciones ofrecidas por el alcalde sobre cuándo tuvo conocimiento del caso. Según han señalado, el expediente sancionador de la Generalitat no se inició hasta el 26 de febrero y el requerimiento municipal a la empresa se realizó el día 27, coincidiendo con el pleno en el que el asunto se hizo público.
Exigencias del PSOE ante el caso
Ante esta situación, los socialistas han reclamado la convocatoria inmediata de una comisión de investigación municipal para esclarecer lo ocurrido.
Entre las medidas planteadas también figuran la publicación de las listas completas de personas que han reservado viviendas, la creación de un canal municipal de atención a posibles afectados, la revisión del expediente de enajenación de la parcela si se confirman irregularidades y el traslado del caso a Fiscalía si se detectan indicios de ilegalidad.
Desde el PSOE han insistido en que el Ayuntamiento es el titular del expediente y, por tanto, el responsable de garantizar que el acceso a la vivienda pública se realice con transparencia y legalidad, al tiempo que han defendido que la gestión de este tipo de promociones debe asegurar igualdad de oportunidades para quienes buscan acceder a una vivienda asequible.
