El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Orihuela ha realizado dos inspecciones en una empresa de Bigastro tras las cuales han sido retirados del mercado en total 695 artículos entre productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes comercializados de forma irregular y que podrían haber representado una grave amenaza para la salud pública, la flora y fauna, así como para los campos de cultivo.
Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco de las inspecciones que realiza la Guardia Civil regularmente sobre la comercialización de esta clase de productos.
La investigación se inició el pasado 16 de octubre en una empresa ubicada en Bigastro, dedicada a la comercialización de productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes al público en general, además de para “Grow shops”, comercios especializados en el cultivo de cannabis.
La primera inspección efectuada por el Seprona se llevó a cabo para comprobar la cadena de suministro. El negocio, dirigido por un hombre de 52 años con formación en ingeniería agrónoma, contaba con la colaboración de su hijo de 23. Durante la inspección, los agentes descubrieron que la empresa tenía licencia únicamente para comercializar y distribuir productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes destinados al público en general.
Sin embargo, se percataron de que también se dedicaban a la fabricación de productos, una actividad para la cual no tenían la autorización administrativa correspondiente. Específicamente, se había especializado en la fabricación, venta y asesoramiento de productos para el cultivo de cannabis, con el fin de obtener un mayor rendimiento económico.
Al día siguiente, los agentes regresaron al establecimiento acompañados por dos inspectores del Servicio de Inspección de Control y Calidad del Área de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana, confirmando las irregularidades observadas.
Entre ambas inspecciones, se incautaron un total de 612 artículos de abono y fertilizantes, 83 productos de fitosanitarios de tipo acaricidas, así como el material empleado para la fabricación ilegal, tal como jeringas, medidores, basculas de precisión, morteros, coladores, embudos, y una gran cantidad de botes y etiquetas para el posterior envasado y distribución irregular.
La empresa ha sido denunciada por diversas infracciones administrativas, tipificadas en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal. Los hechos se han puesto en conocimiento del Área de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana. Además, se ha informado al Ayuntamiento de Bigastro, al que se ha solicitado el cierre cautelar de la actividad de la empresa, en virtud a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, ya que operaba sin la correspondiente licencia ambiental o de actividad.
Por todo ello, los responsables se enfrentan a sanciones económicas que podrían ascender hasta los 3.000.000 euros, el cierre del establecimiento y la obligación de ocuparse de la destrucción de la mercancía decomisada por medio de un centro autorizado o hacerse cargo del gasto que genere su destrucción.
El Seprona continúa investigando los hechos ya que, durante las inspecciones, se observó que los autores estaban utilizando etiquetas y precintos con la identificación de otra empresa, y no se descarta la localización de otros implicados o de nuevas infracciones, una vez que se determine si contaban o no con el consentimiento de esta otra empresa cuya imagen utilizaban.
Los productos fitosanitarios contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. Pero al mismo tiempo, su utilización puede tener efectos desfavorables en la producción vegetal y puede entrañar graves riesgos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Por ello, su fabricación, distribución y uso está regulado por diversa normativa y sujeto a las preceptivas autorizaciones. La Guardia Civil lleva a cabo inspecciones y controles de forma periódica con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir los posibles efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
