El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula la derivación de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El texto fija una capacidad ordinaria de acogida de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país.
Con esta fórmula, Andalucía es la comunidad con mayor capacidad, con 2.827 plazas, seguida de Cataluña con 2.650, Madrid con 2.325 y la Comunitat Valenciana con 1.767. Por detrás figuran Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
La lista continúa con Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107). Las ciudades autónomas disponen de cifras mucho menores: Melilla con 28 y Ceuta con 27 plazas.
El decreto también prevé que aquellas comunidades cuya ocupación triplique la capacidad ordinaria, como ocurre con Canarias o Ceuta, puedan solicitar al Gobierno la declaración de contingencia migratoria. En ese caso, los menores serían trasladados a territorios con menor nivel de saturación.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que el decreto supone «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país». Asimismo, ha confirmado que «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».
Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas ha rechazado este sistema. Diez gobiernos regionales del PP y el de Castilla-La Mancha (PSOE) lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Madrid ha llevado el asunto al Supremo, mientras que Baleares ha anunciado recursos contra los últimos decretos y pedirá su suspensión cautelar. Castilla y León también ha adelantado que lo recurrirá y ha denunciado que se trata de una «imposición».
La Comunitat Valenciana, por su parte, ha asegurado que pedirá la suspensión cautelar «de cualquier norma que apruebe el Gobierno» relacionada con este reparto, alegando que, a día de hoy, no ha recibido información concreta sobre los traslados previstos.
En paralelo, Andalucía ha reclamado que se reconozca su condición de frontera y ha acusado al Ejecutivo central de favorecer al País Vasco y a Cataluña. La Rioja ha advertido de la saturación de sus recursos, mientras que Murcia ha criticado que «no sabemos absolutamente nada. Lo saben solamente Pedro Sánchez, el Gobierno de España y su socios, y el gobierno del País Vasco», según ha declarado su presidente, Fernando López Miras.
Otras autonomías han expresado posiciones distintas. Galicia ha defendido ser solidaria pero ha señalado que no tiene capacidad para acoger más menores; Canarias ha recordado el esfuerzo realizado al abrir centros de urgencia para dar respuesta inmediata; Navarra ha anunciado que colaborará pese a estar «tensionada», y Asturias ha destacado que se trata de «una cuestión de humanidad, y cuando se pierde la humanidad, se pierde todo».
Desde Ceuta, mientras tanto, se ha valorado que la norma pueda contribuir a aliviar la elevada presión que soporta la ciudad.
