No existe mejor forma de demostrar la validez de una promesa que ponerla en práctica, gobernando por supuesto, para ello, el presidente Pedo Sánchez se ha dotado de un Ejecutivo con un motor de 23000 CV que equivale a 22 ministros más uno sin cartera, la Fiscalía del Estado, como si fuera un órgano más dirigido desde la Moncloa.
No hay mejor forma que desgastarse como gobernar, ni peor modelo que mirarse uno mismo en el espejo. Ahora toca demostrar lo que se vale una promesa, bien para convencer o para ser criticado, porque una cosa es la teoría y otra la práctica de este nuevo gobierno radical del izquierda, que pretende mejorar las condiciones de los trabajadores, y de los más desfavorecidos y pensionistas, que es loable por puesto, pero lo malo de este asunto es que quien da el trabajo siempre es el empresario y los autónomos, que por otro parte, quien da trabajo nunca regalan nada si no es que les retuerzan el brazo.
Al gobierno hay que darle 100 días de confianza, porque aunque el mundo se hizo en siete días, esta España necesitara más tiempo, dijo yo.
Composición del Ejecutivo de Pedro Sánchez
4 vicepresidencias: con Carmen Calvo como mano derecha de Sánchez, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 es Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Economía y Transformación Digital es Nadia Calviño; y la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico es Teresa Ribera.
22 Ministros y ministras: Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la de Educación, Isabel Celaá; la de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la de Política Territorial, Carolina Darias; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el de Sanidad, Salvador Illa; el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque; la de Igualdad, Irene Montero; el de Consumo, Alberto Garzón; el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá; y el de Universidades Manuel Castells. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González; la de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Defensa, Margarita Robles y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
1 ministra sin cartera: Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ha causado estupor y sonrojo en la oposición, porque sin ningún pudor se nombra a una diputada electa por el PSOE al frente de una institución esencial del Estado como es la Fiscalía, un órgano con relevancia constitucional integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, y atentar contra su independencia judicial. Según la Constitución y su estatuto, la institución debe guiarse en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia técnica y absoluta despolitización.
Recortes de prensa, del 6 de noviembre de 2019
El presidente en funciones y candidato del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha afirmado en RNE (programe emitido desde la Moncloa), la entrevista con Iñigo Alonso que la Fiscalía recibe órdenes del Gobierno para explicar cómo traerá de vuelta a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Preguntado por cómo garantizá que expresident responda ante la justicia española, tal y como Sánchez se comprometió en el el Debate de RTVE ha hecho una pregunta retórica: “¿La Fiscalía de quién depende?” Del Ejecutivo, le ha contestado el presentador de ‘Las Mañanas de RNE”, Íñigo Alfonso, y Sánchez ha aseverado: “Pues ya está”.
“Espero que más pronto que tarde el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española”, ha vuelto a insistir, para dejar claro que el Gobierno está haciendo “todo lo posible para que así sea” y está suministrando a la justicia belga toda la información necesaria para que sea efectiva la euroorden contra Puigdemont.
Lo que videncia que Sánchez, a través de la nueva Fiscal del estado Dolores Delgado, tiene controlado a golpe de teléfono encriptado a esta institución encargada, ahora de desjudializar la política para que el conglomerado catalán independentista quede satisfecho en esa próxima mesa de diálogo.
Porque era evidente que a la anterior Fiscal General del Estado María José Segarra, era imposible de controlar.
Ramón Palmeral.
