La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy una moción por la que se manifiesta la completa adhesión y apoyo municipal a las acciones judiciales que emprenda la Generalitat Valenciana contra el Real decreto del Gobierno de España por aquellos aspectos que son lesivos para el interés general de Elche.
Junto a ello, a través de esta moción, el Gobierno Local encomienda a los servicios jurídicos municipales el análisis del Real Decreto para estudiar en qué medida el Ayuntamiento de Elche puede emprender acciones legales propias contra unas medidas que van en contra del desarrollo socio económico de Elche.
Así lo ha anunciado el portavoz del Equipo de Gobierno, Héctor Díez, quien ha recordado que “el trasvase Tajo-Segura para Elche es necesario, imprescindible e irrenunciable, por lo que lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias en aquellos aspectos que consideramos que son lesivos para el interés general de nuestro municipio”.
De esta manera, la moción aprobada hoy recoge “la completa adhesión y apoyo municipal a las acciones que emprenda la Generalitat Valenciana en el sentido de recurrir en los tribunales aquellas cuestiones que aparecen en el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba, entre otros, la revisión del plan hidrológico de las demarcaciones hidrográficas del Tajo y del Segura, en todos los puntos que puedan ser lesivos para los intereses de la Comunidad Valenciana y de los regantes de la provincia”.
En segundo lugar, el Gobierno Local acuerda “encomendar a los servicios jurídicos municipales el estudio del contenido del Real Decreto 35/ 2023 y, conocida la intención de la Generalitat Valenciana de presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, así como, en su caso, la solicitud de medidas cautelares al objeto de la paralización del recorte que la norma promueve respecto del Trasvase Tajo-Segura en tanto se sustancia el recurso, la adopción de medidas jurídico- procesales en defensa de los intereses de los ciudadanos y el municipio de Elche, y en apoyo de los procedimientos e instancias procesales que por parte de la Generalitat Valenciana se realicen”.
En la argumentación de esta moción, Díez ha recordado que el tercer ciclo de planificación hidrológica en España, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye las nuevas normas que regirán el trasvase Tajo-Segura, con una actualización normativa que reduce el volumen hídrico transferible al fijar unos caudales ecológicos mínimos en el río Tajo. La nueva regulación de los caudales ecológicos recogida en este decreto se irá aplicando de manera progresiva hasta llegar a los 8,65 Hm3 en 2027 frente a los actuales 6 Hm3.
También incluye el seguimiento de las derivaciones por el acueducto Tajo-Segura hacia las cuencas receptoras; el seguimiento del uso del agua y de los resultados de los programas de inspección y control en las cuencas receptoras; la evolución del plan de inversiones en modernización de regadíos en la cabecera del Tajo y en el saneamiento y depuración de Madrid; la evolución del plan de inversiones en las cuencas receptoras, así como un análisis de su impacto en la consecución del objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura y de la mitigación del desequilibrio existente entre demanda y aportaciones naturales, expuesto en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
El concejal ha recordado que en este momento, el Real Decreto está siendo analizado por la Generalitat, también por los servicios jurídicos de los regantes afectados, para comprobar si la norma ha incluido algunos puntos que el Consejo de Estado instó a mejorar por parte del Gobierno y otros aspectos que la Generalitat propuso en este proceso, con el objeto de minimizar el impacto negativo de la disminución de los caudales trasvasados a los regantes valencianos.
El Consell se ha opuesto públicamente y de manera firme a la aprobación del recorte en el agua procedente del Tajo y ya en su momento solicitó a la Abogacía de la Generalitat que estudiara la interposición de un recurso contra esta medida ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de paralizar temporalmente el recorte del agua procedente del trasvase hasta que haya una sentencia firme al respecto.
Por su parte, el alcalde de Elche ha declarado públicamente en repetidas ocasiones la consideración del trasvase Tajo-Segura como un recurso “irrenunciable, imprescindible e insustituible para nuestra provincia y, en concreto, para el desarrollo del Camp d’Elx” y, por ello, ha manifestado expresamente la máxima valoración de esta infraestructura, de su efecto positivo en la estructura económica local y de su decisiva importancia para los regantes de nuestro territorio.
“Por ello, considerando que el Trasvase es una fuente de riqueza, progreso y creación de empleo para nuestro territorio a la que no podemos renunciar, nos posicionamos claramente a favor de las medidas emprendidas por el Consell para defender los derechos de los agricultores ilicitanos y de la zona de Levante”, ha concluido el edil.
