La Fiscalía de Alicante solicita una pena de cuatro años de prisión para un empresario de Rojales acusado de apropiación indebida tras recibir 350.000 euros de un inversor interesados en instalaciones fotovoltaicas y no devolver ese dinero.
Juicio en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante
El caso se juzgará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, donde está previsto que la vista oral se celebre este martes a partir de las 9.30 horas.
El procedimiento se centra en esclarecer si el acusado hizo un uso ilícito de los fondos que había recibido para un proyecto empresarial vinculado a la energía solar.
El acuerdo: financiación para impulsar instalaciones fotovoltaicas
La acusación sostiene que el inversor transfirió los 350.000 euros con la expectativa de que se destinaran a impulsar instalaciones fotovoltaicas, confiando en que el proyecto se financiaría de manera combinada con un crédito bancario a nombre del empresario. Este esquema es habitual en inversiones de este tipo, al combinar capital privado con financiación externa para cubrir los costes iniciales de las infraestructuras.
El crédito no se materializa y el proyecto queda en suspenso
Sin embargo, según el ministerio público, la operación bancaria clave nunca llegó a materializarse. Los bancos finalmente denegaron el crédito solicitado por el procesado, lo que dejó el proyecto en suspenso y sin la financiación adicional que se había previsto desde el inicio.
El punto clave: no devolución del importe al inversor
Pese a la negativa de las entidades financieras, la Fiscalía sostiene que el acusado no devolvió al inversor los 350.000 euros que había recibido mediante transferencia. Esa falta de reintegro del capital, una vez descartada la financiación y paralizado el proyecto, es el elemento central de la acusación de apropiación indebida.
Petición de condena y devolución del dinero
La Fiscalía considera que, en estas circunstancias, el dinero dejó de estar vinculado a la finalidad para la que se entregó y pasó a ser retenido de forma injustificada por el empresario. Por ello entiende que concurre un delito de apropiación indebida y reclama una condena de cuatro años de prisión, además de la devolución del importe supuestamente distraído, extremo que deberá dirimirse durante la vista oral.
