Cuatro antiguos jefes de ETA han comunicado que no iban a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en las causas que investigan su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, cometido en 2002, y en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, perpetrado en Madrid en 2000.
Las exdirigentes etarras María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, y Ainhoa Mugica, alias Olga, han comparecido por vía telemática desde la prisión donostiarra de Martutene ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Ambas estaban citadas en relación con el atentado de Santa Pola, en el que murieron la hija de un agente y un transeúnte.
Silencio ante el juez
Desde el mismo centro penitenciario ha comparecido Juan Antonio Olarra Guridi, citado por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Por esa misma causa también había sido llamado Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que ha conectado con el juzgado desde la prisión de Zaballa, en Álava.
Según han indicado fuentes jurídicas, los cuatro han anunciado ante el magistrado que no iban a declarar. La comparecencia se ha producido después de que Francia haya dado el visto bueno a ampliar su entrega por estos hechos, un trámite que había dejado pendiente el anterior titular del juzgado, Manuel García Castellón, antes de que pudiera dictarse el procesamiento.
El sumario del atentado de Santa Pola
La investigación por el atentado de Santa Pola se reabrió en marzo de 2022, después de que fuera admitida a trámite una querella de la Asociación Dignidad y Justicia. A partir de las diligencias practicadas, la Audiencia Nacional imputó a Anboto, Mugica y otros antiguos responsables de ETA como integrantes del máximo órgano director y coordinador de la organización terrorista cuando se perpetró el ataque.
El atentado fue reivindicado por ETA mediante un comunicado en el que la organización criticaba el proceso de ilegalización de Batasuna. En ese texto, la banda culpaba a PP y PSOE de haberlo “puesto en marcha” tras la acción terrorista, “cuando en realidad ese proceso ya se encontraba en marcha”.
Por la masacre de Santa Pola ya fueron condenados en 2012 los integrantes del comando Argala, Óscar Zelarain y Andoni Otegi. El auto señala que ambos «se limitaron a recoger el vehículo ya preparado como coche-bomba y cargado con los 100 kilogramos de explosivos que les fue entregado desde Francia», donde se asentaba la cúpula de ETA.
El asesinato de Pedro Antonio Blanco
La otra causa afecta al asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, cometido en enero de 2000 en Madrid. Aquel atentado escenificó el final de la tregua decretada por ETA en 1998.
Por estos hechos ya fue condenada en 2014 a 126 años de cárcel Ana Belén Egües, integrante del comando Buruhauste, que operaba en Madrid. La nueva actuación judicial se centra ahora en la presunta responsabilidad de antiguos dirigentes de ETA en la toma de decisiones de la organización terrorista en el momento en que se ejecutaron los ataques.
