El juez imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica

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El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha imputado este lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por presuntos delitos electorales, falsedad de cuentas, prevaricación y tráfico de influencias dentro de la pieza por la posible financiación ilegal del PP de Madrid, sobre el desvío de fondos públicos para el pago de los gastos del PP de Madrid en las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y máxima responsable del PP de Madrid entre 2004 y 2016, tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige la causa. Por su parte, Cifuentes, presidenta madrileña entre 2015 y 2018 y presidenta del PP de Madrid entre 2017 y 2018, fue citada a declarar el próximo 1 de octubre.

 

El juez ha citado a 43 personas entre testigos e imputados relacionados con la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre, aceptando así las peticiones que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

En un auto dictado también este lunes por el juez, García Castellón advierte de que Aguirre y “sus consejeros de confianza” habrían “fraguado” un plan para trasvasar el dinero de las consejerías al partido. Los hechos relatados por el magistrado señalan el año 2004 como la fecha en la que se celebró una reunión, “presidida por Esperanza Aguirre”, en la que se expuso a los consejeros de la Comunidad de Madrid el citado plan para “detraer a lo largo de los años posteriores un importante caudal de fondos de las arcas públicas”.

Precisamente, el magistrado vincula a Aguirre con ese presunto “desvío continuado de fondos públicos” utilizando los contratos de las consejerías de Transportes y de Presidencia a través de las partidas de publicidad licitadas desde las consejerías, por medio de las subvenciones públicas concedidas a la fundación Fundescam, y de las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y el Canal de Isabel II.

Según el juez, Aguirre autorizó, presuntamente, al gerente del PP madrileño “a desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008”.

La decisión de García Castellón se produce un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de ambas expresidentas madrileñas, así como de González, los exconsejeros madrileños y el ex presidente de Indra. Precisamente, Monzón y la empresa Indra, imputada como persona jurídica, deberán declarar el próximo 4 de octubre.