Piden cinco años de prisión para cada uno de los dos empresarios a los que la Fiscalía acusa de un delito de alzamiento de bienes por descapitalizar una empresa que habían usado para solicitar créditos de la administración pública, pese a que no cumplieron los requisitos para la obtención de los mismos.
Los hechos comenzaron en noviembre de 2009 cuando los procesados constituyeron una empresa dedicada al diseño y producción de envases, que nunca llegó a tener actividad, ni trabajadores, ni presentó sus cuentas en el Registro Mercantil.
La acusación pública mantiene que los procesados usaron esta empresa para pedir un préstamo de 196.500 euros al Ministerio de Industria en el marco de un programa para la reindustrialización, a cambio de comprometerse a crear 9 puestos de trabajo y a devolverlo antes del 31 de marzo de 2011.
El Ministerio Fiscal mantiene que los procesados dispusieron del dinero, en efectivo o mediante trasferencias, sin cumplir ninguna de las condiciones del préstamo y dejando a la sociedad sin patrimonio para devolverlo.
