El presidente del Partido Popular Provincia de Alicante, Eduardo Dolón, denuncia que “el gobierno de PSOE y Compromís antepone su narrativa ideológica sectaria y radical ante un modelo sanitario de gestión concertada que cuenta con el aval de prestigiosos expertos nacionales e internacionales”, en relación al anuncio de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de revertir la concesión del Hospital de Torrevieja a partir de 2021.
Dolón recuerda que este sistema de gestión “ahorra a los valencianos 45 millones de euros año” y que el centro hospitalario de la Vega Baja dirigido por el grupo Ribera Salud ha sido galardonado en los últimos años entre los 20 mejores hospitales de toda España. Además, subraya, ha recibido diferentes premios en múltiples especialidades.
El también alcalde de Torrevieja incide en que “Barceló pone de esta ma-nera en jaque a cientos de miles de ciudadanos en la Vega Baja que verán mer-mados sus servicios, como ha sucedido en el caso del hospital de Alzira, donde los usuarios ya se han pronunciado mayoritariamente contrarios al nuevo sistema; menos eficiente y con más agujeros en la gestión”. Pero “las quejas no nacen exclusivamente de los pacientes”, recuerda, “puesto que los sindicatos ya han anunciado huelgas y protestas para los próximos meses”. Los populares alicanti-nos no entienden “por qué Barceló se empeña en continuar con las reversiones, sabiendo que están siendo un auténtico fracaso”.
Manifiesta su disconformidad con las declaraciones de la máxima respon-sable sanitaria del Botànic. Dolón ha dicho que “la izquierda quiere acabar con un modelo que funciona por un simple capricho ideológico”. El dirigente popular ha querido añadir que “como torrevejense quiero los mejores servicios públicos para mi tierra”. Eduardo Dolón ha concluido su intervención declarando que “si el gobierno del PSOE liquida el hospital de Torrevieja tal y como lo conocemos estará acabando con un modelo sanitario reconocido internacionalmente”.
Los populares pretenden de esta manera llamar la atención sobre lo que consideran es “un acto manifiesto de soberbia política y un atropello a los ciudadanos y ciudadanas que viven en la Vega Baja”.
