El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado la aceptación de la delegación de competencias para llevar a cabo el control e inspección de las instalaciones de saneamiento y depuración financiadas total o parcialmente por la Generalitat Valenciana en la provincia.
Con la regulación de esta cesión mediante convenio entre la administración autonómica, la EPSAR y la Diputación, la institución provincial pasará a supervisar la totalidad de las instalaciones públicas de depuración y saneamiento de la provincia de Alicante. Hasta ahora, el control se ejercía sobre unas 130 estaciones.
Desde los grupos de la oposición se ha valorado que la medida regulariza la situación, aunque han señalado que “llega tarde”, al haberse prolongado el anterior convenio, finalizado en 2017, mediante prórrogas.
La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha defendido que el procedimiento aplicado fue “el establecido por el Gobierno del Botànic” y ha subrayado que “hoy solucionamos un problema que veníamos arrastrando hace mucho tiempo”, destacando que todas las instalaciones quedarán controladas y fiscalizadas por el sector público.
Toma de posesión y debate de mociones
Durante la sesión plenaria también ha tomado posesión como diputado provincial el alcalde de El Campello, Juan José Pérez Berenguer, del Grupo Popular, en sustitución de Lourdes Llopis.
Fuera del orden del día se han debatido dos mociones. La primera, presentada por Vox con una enmienda del Grupo Popular, ha reclamado avanzar hacia el ‘vertido cero’ hídrico y optimizar la gestión del agua. El acuerdo, aprobado con la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE, contempla solicitar una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica para definir una hoja de ruta que permita poner en marcha este proyecto.
La segunda moción, presentada por Compromís, exigía responsabilidades políticas, transparencia y un cambio del modelo del Plan Vive en relación con la adjudicación de viviendas protegidas. La propuesta ha contado únicamente con el apoyo del Grupo Socialista, mientras que Vox se ha abstenido y el Grupo Popular ha votado en contra.
En este debate, la diputada y concejala alicantina Cristina García Garri ha calificado la iniciativa de “oportunista” y ha indicado que la cuestión se abordará en un pleno monográfico y extraordinario del Ayuntamiento de Alicante, defendiendo que el consistorio ya ha abierto expediente y trasladado el asunto a la Fiscalía.
