La Policía Nacional ha animado este viernes a que los profesionales sanitarios objeto de una agresión física o verbal por parte de pacientes o acompañantes presenten una denuncia con el argumento de que ninguno de los 106 detenidos por este tipo de delito durante 2024 ha reincidido.
Así lo ha trasladado el comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía interlocutor con el sector sanitario, Manuel Yanguas, en el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) que se clausura hoy en el auditorio del Colegio de Médicos de Alicante, donde se ha debatido sobre la ELA, las pseudoterapias y las emergencias sanitarias, entre otros asuntos.
En una mesa redonda sobre el violencia en el sector de la salud, Yanguas ha relatado que durante 2024 se han contabilizado más de 17.163 agresiones en el sistema sanitario nacional, una media de 47 diarias y en aumento, de las cuales el 85 por ciento han sido coacciones y amenazas (14.217) y las 3.000 restantes físicas (8 diarias).
La Policía Nacional ha recibido únicamente 406 denuncias
Pese a estos alarmantes datos, la Policía Nacional únicamente ha recibido 406 denuncias (el 39 por ciento más que las 315 de 2023) que condujo a 106 detenidos.
Tras señalar que está constado que el 17 por ciento de los agresores vuelven a reincidir, Yanguas ha recalcado la importancia de avisar a la Policía Nacional ya que de los 106 arrestados por este delito en 2024 «ninguno ha vuelto a reincidir».
«Los agresores suelen ser gente normal, que dicen que tienen un mal día, pero cuando acabas esposado y en comisaría junto a otros arrestados antes de declarar o pasar a disposición judicial», ha subrayado, «tomas nota y no lo vuelves a hacer».
Dos tipos de sanitarios: los agredidos y a los que van a agredir
Yanguas ha insistido en la idea de que «hay dos tipos de sanitarios: A los que han agredido y a los que van a agredir», por lo que «siempre hay que denunciar», un argumento que ha compartido el secretario del Consejo General de Médicos de España, José María Rodríguez, quien ha dicho que ese número de agresiones que va «increscendo» se encuentra con el problema de que este tipo de delitos carece de una jurisprudencia uniforme en el país, donde hay una enorme «disparidad de sentencias».
Por ello, ha abogado por una Ley uniforme en todo el territorio nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios y ha dicho que el problema está en que cada comunidad autónoma «quiere tener potestad sobre sus empleados».
Otro de los participantes de la mesa, el secretario del Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso, ha constatado que hay un ámbito de «infradenuncia: Nos agreden y no denunciamos», y ha trasladado que la mayor parte de estos casos se registran en Urgencias y en los servicios de salud mental, con el 55 por ciento, y otras muchas en atención primaria y domiciliaria.
Sobre esto último, ha comentado que «es triste ir a un domicilio a curar y recibir como premio una amenaza o una agresión» con la excusa de la disconformidad por la atención recibida o los tiempos de espera, unas cuestiones que tienen su origen en el sistema organizativo médico y no en el profesional sanitario.
El doctor Google
El vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante, Bernardo Salas, ha señalado que las farmacias también son objeto de agresiones por situaciones de falta de medicamentos, limitaciones en la receta electrónica o por el denominado «doctor Google».
A este respecto, ha denunciado que hay un número creciente de usuarios que se presentan en la farmacia «autodiagnosticado» por las consultas a la inteligencia artificial (IA) y solicitando fármacos concretos por la patología que creen que padecen, a lo que el profesional tiene que esforzarse en convencerle para que acuda al médico y se someta a las pruebas que éste le indique antes de tratarse.
El fiscal provincial de Alicante, Jorge Rabasa, también animado a denunciar las agresiones y ha señalado que incluso un episodio de un paciente que da voces o quejas a gritos en sala de espera está alterando el orden en un establecimiento público, por lo que «hay que llamar a la Policía».
