El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha dado un nuevo paso en el control sobre la gestión de la parcela municipal en Nou Nazareth y va a establecer baremos para la adquisición de vivienda protegida en este ámbito. Los criterios, según ha explicado el gobierno local, se apoyan en los que se deberán aplicar para el acceso a las 525 viviendas en régimen de alquiler del sector de L’Alqueria.
Además de cumplir con los requisitos previstos en la normativa autonómica, los interesados deberán acreditar arraigo con el municipio, que se baremará por Ayuntamiento y promotora. Entre los puntos a valorar figura el empadronamiento en Sant Joan, con más puntuación a mayor antigüedad, y también una baremación específica para quienes, sin estar empadronados en la actualidad, lo hayan estado en años anteriores.
El listado de criterios incluye igualmente la localización del centro de trabajo en el municipio aunque el solicitante no esté empadronado (con una puntuación menor que la del empadronamiento), la presencia de una o más personas mayores de 65 años en la unidad de convivencia y, además, por cada persona con discapacidad igual o superior al 33% dentro de esa unidad.
El alcalde, Santiago Román, ha indicado que, antes de que la promotora que finalmente desarrolle las viviendas obtenga la calificación provisional para su comercialización por parte de la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento habilitará un registro de demandantes para que los interesados puedan comunicar, desde una fecha concreta, su interés por acceder a una de estas viviendas.
Román ha defendido que “Con todas estas medidas vamos a garantizar que, cuando comience realmente el proceso de adquisición de viviendas se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo. Nuestro compromiso sigue siendo que los santjoaners y les santjoaneres accedan a una vivienda protegida de su municipio”.
El Ayuntamiento ha recordado, además, que continúa abierto el plazo de audiencia legal otorgado a la promotora por el Servicio Territorial de Vivienda y por el propio consistorio para la presentación de alegaciones por la presunta comercialización irregular de viviendas denunciada por ambas administraciones.
