La Abogacía de la Generalitat se ha opuesto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central frente a la disposición valenciana que establece que la distancia mínima de instalaciones petrolíferas sea de, al menos, 1.000 metros de distancia entre el perímetro exterior de la instalación y la zona habitada más próxima.
Así, el Consell ha especificado que la intención del precepto impugnado no es incidir en la ordenación de los puertos de interés general y que no se vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre estos, puesto que la norma se encuentra legitimada por el artículo 12.5 de la Ley estatal de Industria, que prevé que las comunidades autónomas puedan establecer requisitos adicionales de seguridad.
Según la Abogacía, se trata de una facultad ejercida por la Generalitat, al establecer la garantía para las personas de mantener a una distancia de seguridad de las grandes instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos que, por su naturaleza, están reconocidos como peligrosos.
En esta línea, la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha manifestado que “reducir la distancia de los macrodepósitos de combustibles peligrosos en el Puerto de Alicante, a escasos metros de la población y a sabiendas de la grave afección medioambiental que supone para la zona es, como mínimo, un peligro injusto para la ciudad, su vecindario y para la seguridad ambiental”.
Además, en eferencia al proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de combustible en la terminal de mercancías en el Puerto de Alicante, la consellera ha reivindicado que “hay que garantizar un modelo de puerto más sostenible y amable que no genere esas inseguridades innecesarias”.
“Hace falta primar una mayor protección de la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente frente a un mero interés empresarial de unos pocos”, ha añadido Navarro.
