El Consell se encuentra analizando la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, que asigna 3.667 millones de euros adicionales a la Comunitat Valenciana. En una primera valoración, el Gobierno valenciano ha detectado tres ausencias que califica de “gravísimas” y ha censurado las formas en las que se ha negociado el modelo.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha indicado que el Ejecutivo autonómico está revisando en detalle el contenido de la propuesta antes de fijar una posición definitiva. Según ha explicado, este análisis permitirá aclarar cómo se calculan los recursos, qué criterios se utilizan y qué impacto real tendría el nuevo sistema sobre los servicios públicos esenciales.
En este marco, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmado la unidad entre sindicatos, patronal y Consell para reclamar de forma conjunta un modelo de financiación que incorpore el Fondo de Nivelación Autonómica. Pérez Llorca ha señalado que la propuesta “no se ha planteado de la manera correcta porque no ha habido negociación entre los presidentes autonómicos en el órgano correspondiente que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, y ha avanzado que el Consell “valorará y estudiará la propuesta”.
Tres ausencias clave y la exigencia de un fondo de nivelación
El Consell ha centrado sus críticas en tres elementos que considera imprescindibles y que, según sostiene, no figuran en la propuesta del Gobierno. El primero hace referencia a la financiación de la dependencia, recordando que el Estado debe asumir el 50 % del coste de este servicio, una obligación que reclama que quede reflejada de forma expresa.
El segundo aspecto señalado es el sobrecoste sanitario derivado de la atención a población desplazada, que el Consell cifra en torno a 1.000 millones de euros. Se trata de personas no residentes habituales que reciben atención sanitaria en la Comunitat por motivos laborales, educativos o turísticos, lo que, según el Ejecutivo valenciano, distorsiona la financiación por habitante ajustado.
La tercera objeción es de carácter temporal. El Consell reprocha que el nuevo sistema no entre en vigor de forma inmediata y, mientras eso no ocurra, exige la aprobación urgente de un fondo de nivelación que sitúe a la Comunitat Valenciana en la media de financiación del resto de autonomías. Esta demanda, ha recordado Barrachina, ya fue trasladada por Pérez Llorca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión en la Moncloa.
En esta misma línea, el president ha advertido de que el modelo “no se pondrá en marcha hasta 2027”, por lo que considera imprescindible que incluya “de forma inmediata el Fondo de Nivelación Autonómica porque necesitamos esa financiación para garantizar la sanidad, educación y políticas sociales que merecen todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Además, ha señalado que la nueva financiación “tiene que resolver la deuda que el Gobierno de España tiene con la Generalitat en materia de dependencia y que ronda los 4.000 millones de euros, así como los 1.000 millones que se nos deben en gasto sanitario de desplazados”.
“Lo importante no es que nos den más, sino que sean justos y que estemos en la media, cosa que no ha pasado nunca”, ha añadido Pérez Llorca, quien ha insistido en que “la Comunitat Valenciana no estará a favor de apoyar nada que no incluya estas tres reivindicaciones”.
El reparto del aumento de financiación propuesto por Hacienda
Según los datos del Ministerio de Hacienda, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana serían las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo, al concentrar el 60 % del incremento total previsto para las autonomías de régimen común. El refuerzo global ascendería a 20.975 millones de euros, una cifra que aún debe negociarse con las comunidades, aprobarse en el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso.
En términos absolutos, Andalucía percibiría 4.846 millones, Cataluña 4.686 millones y la Comunitat Valenciana 3.669 millones, un reparto que el Gobierno vincula al peso poblacional y a la presión sobre servicios como sanidad, educación y dependencia.
Por detrás se situarían Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones) y Murcia (1.188 millones), seguidas de Aragón (629 millones) y Canarias (611 millones). Galicia obtendría 587 millones, Baleares 412 millones, Castilla y León 271 millones, Asturias 248 millones y La Rioja 25 millones.
En el caso de Cantabria y Extremadura, ambas perderían recursos con el nuevo cálculo, aunque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para crear un tramo específico que mantenga su statu quo, con asignaciones de 46 y 216 millones, respectivamente.
La posición del Gobierno y la defensa del nuevo modelo
A las críticas del Consell se ha sumado la valoración de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha defendido el nuevo modelo presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Bernabé ha subrayado que la reforma permitirá que en 2027 las comunidades reciban 20.975 millones de euros más que con el modelo vigente, de los cuales 3.670 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana.
Según ha señalado, “el Gobierno, con este nuevo modelo, corrige la histórica infrafinanciación sufrida por esta comunidad autónoma”, y ha destacado que la Comunitat es “una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo, casi un 18 % más respecto a los recursos que recibiría en 2027”.
Además, ha afirmado que “este modelo demuestra que el Gobierno de España está ocupado y preocupado por brindar el Estado del bienestar” y ha defendido que “hoy es un gran día para que los valencianos y las valencianas le exijamos al president de la Generalitat que apoye este sistema, este modelo y esta reforma”.
Bases y principios del nuevo sistema
Según ha explicado Bernabé, el nuevo modelo incorpora nuevos criterios de reparto y mejoras metodológicas apoyadas en varios principios que el Ejecutivo considera prioritarios, como la nueva propuesta de población ajustada, el incremento de la capacidad tributaria y el refuerzo de la solidaridad interterritorial.
El sistema contempla además una aportación adicional del Estado para garantizar la nivelación vertical, permite que las comunidades perciban la recaudación del IVA generado por las pymes en su territorio e incorpora un fondo específico frente al cambio climático. Asimismo, garantiza el statu quo para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior e incluye un mecanismo complementario de financiación.
Nuevos criterios de población ajustada y nivelación
El reparto de los recursos se basará en variables demográficas, socioeconómicas y geográficas. La población padrón representará el 30 % de la ponderación, mientras que la población protegida equivalente reflejará el gasto sanitario. En educación, se tendrá en cuenta la población de 0 a 17 años, con una ponderación del 17 %, junto a nuevos criterios como los jóvenes de 18 a 24 años y los estudiantes universitarios desplazados.
En servicios sociales, el modelo distinguirá entre población de 65 a 79 años y mayores de 80, e incorporará el número de parados sin prestación como indicador de pobreza y exclusión social.
En cuanto a la nivelación horizontal, el Gobierno plantea garantizar que todas las comunidades alcancen al menos el 75 % de la media de recursos por habitante ajustado, mientras que la nivelación vertical contará con una aportación estatal de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia respecto a la comunidad con mayor financiación, actualmente Madrid.
Críticas a las formas y al pacto con ERC
Más allá del contenido técnico, el Consell ha arremetido contra las formas en las que se ha articulado la propuesta. Barrachina ha afirmado que “no han podido ser más impresentables” y ha denunciado que el modelo se haya pactado de forma “unilateral” con “un separatista condenado a 13 años de prisión por malversación y sedición”, en referencia a ERC.
A su juicio, la financiación autonómica debe ser “acordada por todos” y no por fuerzas que “no forman parte de ningún gobierno autonómico de España”. Además, ha lamentado que la reforma llegue siete años tarde para la Comunitat Valenciana y para Les Corts, recordando que en su momento hubo partidos que amenazaron con abandonar el Consell si no se aprobaba un nuevo sistema en ocho meses.
Según el Ejecutivo valenciano, este retraso ha prolongado la situación de infrafinanciación crónica y ha obligado a la Generalitat a recurrir a medidas transitorias para sostener los servicios públicos.
Fiscalidad, autonomía y política exterior
Asimismo, Pérez Llorca ha reprochado que el Ejecutivo central “vaya a subir los impuestos a todos los españoles para poder poner en marcha este nuevo sistema financiero” y ha expresado su preocupación por “cierta intervención del Estado en la política fiscal de las comunidades autónomas que invade nuestra autonomía”.
En este sentido, ha recordado que “la Comunitat Valenciana lleva siendo la peor financiada desde hace muchos años”, por lo que ha defendido que “es de ley y de justicia que se resuelva esta cuestión sin ninguna condición”.
En otro orden de asuntos, Barrachina ha criticado lo que considera una política contradictoria del Gobierno central en materia de inversiones hidráulicas. Preguntado por el interés de España en acompañar los planes de inversión de Marruecos en infraestructuras, ha afirmado que el presidente del Gobierno es “generoso” con Marruecos o Portugal mientras “castiga” a los agricultores valencianos, murcianos y andaluces “hurtando el trasvase Tajo-Segura”.
El portavoz del Consell ha calificado de “una hipocresía estratosférica” que, según ha señalado, se financien trasvases en otros países mientras se recortan en España.
