La Audiencia de Alicante ha impuesto una pena de once meses de prisión al exdiputado provincial del PP y exconcejal de Calpe Juan Roselló por los sobrecostes de un millón de euros detectados en las obras de renovación de la red hidráulica del municipio, adjudicadas en 2004 a la empresa mixta Aguas de Calpe.
El tribunal de la Sección Segunda ha considerado a Roselló culpable de un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude a la Administración. Los magistrados han dado por probado que las obras se acabaron contratando con la empresa dirigida por su cuñado, Francisco Artacho, que también ha sido condenado a once meses de cárcel, en su caso solo por fraude a la Administración.
Según la sentencia, Roselló suscribió ‘el contrato de ejecución de obra de manera directa a sabiendas de las características’ de la empresa subcontratada ‘y de la existencia de sobreprecio, evidenciando una patente, flagrante y clamorosa ilegalidad’. Para el tribunal, esta forma de adjudicar los trabajos ha constituido un acto arbitrario contrario a la normativa de contratación pública.
Más condenas por fraude y absolución parcial
El fallo ha extendido la condena por fraude a la Administración a un directivo de Aguas de Calpe y a otro de Aguas de Valencia. Además, ha fijado una pena de siete meses de prisión para el administrador único de la mercantil a la que se adjudicaron finalmente los trabajos de renovación de la red hidráulica.
En cambio, la Audiencia ha absuelto a estos cinco condenados del delito continuado de estafa que también se les atribuía en la causa. Asimismo, ha exonerado por completo a otros dos acusados, a los que se les ha retirado toda responsabilidad penal al no apreciarse pruebas suficientes contra ellos.
Los jueces han aplicado a todos los condenados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La causa comenzó a investigarse en 2005 y no ha llegado a juicio hasta 2025, es decir, veinte años después. El tribunal ha subrayado que este retraso excesivo ha justificado una rebaja sustancial de las penas solicitadas inicialmente por las acusaciones.
La sentencia detalla que el Ayuntamiento de Calpe adjudicó en su día la renovación de la red hidráulica, dividida en cinco proyectos, a Aguas de Calpe, sociedad mixta participada por el propio consistorio. El importe de los trabajos se fijó en 4,7 millones de euros sin impuestos, que se repercutirían a los vecinos a través de los recibos del suministro de agua.
Esa adjudicación municipal ha sido considerada correcta por la Audiencia, que la define como consecuencia ‘de un acuerdo del pleno municipal de Calpe’ y no ‘un artificio de los acusados’. Para los magistrados, el origen de la irregularidad no estuvo en esa primera decisión administrativa.
Subcontratación vinculada al cuñado y sobreprecio
El tribunal ha situado el foco en la posterior subcontratación de las obras por parte de Aguas de Calpe. Según la resolución, la sociedad adjudicataria derivó el proyecto a la empresa Obras Hidráulicas de Levante (OHL), en la que el cuñado de Roselló figuraba como administrador único.
La sentencia recuerda que OHL se había dedicado originariamente al buzoneo y a la distribución de publicidad, actividades ajenas a grandes obras hidráulicas. Pese a ello, recibió el encargo principal para la renovación de la red de agua de Calpe.
Los magistrados sostienen que esa subcontratación se realizó ‘atendiendo a la relación de parentesco’ entre Roselló y su cuñado. Añaden que los implicados eran conocedores de que el importe del contrato superaba el coste real de las obras, extremo que se recoge en un informe pericial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
Ese informe pericial, citado en la sentencia, también señala que el proyecto no llegó a ejecutarse íntegramente, pese a los importes facturados. Para la Audiencia, estos elementos han acreditado la existencia de un sobreprecio cercano a un millón de euros vinculado a la adjudicación.
La resolución afirma que en esa subcontratación ‘directa’ se urdió ‘una trama’ que impidió concurrencia de otras empresas que pudieran optar legalmente a los trabajos. El objetivo, según el tribunal, fue ‘apoderarse del sobreprecio existente‘ aprovechando la posición de Roselló y sus vínculos familiares.
Además, la Audiencia ha considerado probado que directivos de Aguas de Calpe y de Aguas de Valencia conocían tanto el sobrecoste de los trabajos como la falta de capacidad técnica de OHL para ejecutarlos en las condiciones exigidas. Pese a ello, permitieron que el contrato siguiera adelante.
Indemnización al Ayuntamiento de Calpe
Más allá de las penas de prisión, el fallo ha establecido que los cinco condenados deberán indemnizar ‘conjunta y solidariamente’ al Ayuntamiento de Calpe con 430.000 euros. Esa cantidad equivale al 40 % de las pérdidas sufridas por Aguas de Calpe a raíz de la operación investigada.
La Audiencia ha explicado que esta indemnización busca compensar parcialmente el perjuicio económico derivado del sobrecoste, que finalmente se repercutió en las cuentas municipales y en la sociedad mixta del agua.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días desde la notificación de la resolución para formalizar el recurso, si así lo consideran oportuno.
