La Comunitat Valenciana ha perdido 5.012 hectáreas de viñedo en la última década, una reducción del 8,3% de la superficie cultivada que, según advierte La Unió Llauradora, refleja las dificultades económicas que atraviesa el sector y el creciente riesgo de abandono de las explotaciones.
Ante esta situación y el complicado inicio de la actual campaña vitícola, la organización agraria ha trasladado a la Conselleria de Agricultura una propuesta para habilitar con carácter urgente una ayuda extraordinaria de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario.
La Unió señala que las primeras ofertas de compra que están recibiendo algunos productores se sitúan incluso por debajo de los precios de la campaña anterior. La organización teme que una nueva temporada con cotizaciones insuficientes agrave los problemas de rentabilidad derivados del aumento de los costes de producción, la volatilidad de los mercados y las adversidades climáticas sufridas durante los últimos años.
Los datos del Registro Vitícola del Ministerio de Agricultura muestran que la Comunitat Valenciana ha pasado de 60.031 hectáreas de viñedo en 2015 a 55.019 hectáreas en 2025.
La organización agraria considera que esta pérdida de superficie tiene consecuencias que van más allá de la producción de uva. El descenso del número de viñedos reduce la actividad necesaria para sostener cooperativas y bodegas, afecta al empleo de las comarcas productoras y dificulta el relevo generacional.
También alerta del impacto territorial y ambiental que puede provocar el abandono de los campos, especialmente en las zonas del interior, donde la agricultura contribuye a mantener población, conservar el paisaje, proteger el suelo y disponer de terrenos cultivados y gestionados frente al riesgo de incendios forestales.
Ayudas dirigidas a los agricultores profesionales
La propuesta de La Unió plantea una cantidad básica de 1.000 euros por explotación para compensar parte de los costes estructurales, a la que se sumarían 300 euros por cada hectárea de viñedo hasta alcanzar el máximo de 6.000 euros.
La organización reclama además que la línea disponga de presupuesto suficiente para atender a todos los profesionales que cumplan los requisitos, evitando que las cantidades tengan que reducirse mediante prorrateos o que algunos agricultores queden excluidos por agotamiento del crédito.
Las ayudas deberían concentrarse, según plantea, en los viticultores profesionales que gestionan directamente sus explotaciones y dependen económicamente de la actividad agrícola. Para ello propone utilizar criterios como ser titular de una explotación prioritaria o estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria.
El vicesecretario general de La Unió, Luis Javier Navarro, señala que «no queremos ayudas para abandonar viñedos, sino para que quienes viven de cultivarlos puedan continuar haciéndolo. Los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los agricultores profesionales que están todos los días al frente de sus explotaciones y que son quienes mantienen vivo el sector y nuestros pueblos».
El precedente de La Rioja
La Unió recuerda que ya solicitó en diciembre del pasado año a la Conselleria de Agricultura una ayuda extraordinaria para el sector vitícola valenciano ante la pérdida de rentabilidad y el riesgo de abandono.
La organización considera que la reciente aprobación por parte del Gobierno de La Rioja de una ayuda excepcional con fondos propios para mantener la actividad agraria profesional demuestra que las comunidades autónomas cuentan con margen para establecer este tipo de medidas.
«Si La Rioja puede apoyar con fondos propios a sus profesionales agrarios, no entendemos por qué la Generalitat no puede hacer lo mismo con nuestros viticultores. Hace meses que advertimos del problema y ahora existe además un precedente reciente que demuestra que hay instrumentos para actuar», afirma Navarro.
El representante agrario añade que «la Conselleria todavía está a tiempo de dar una respuesta al sector y actuar con rapidez ante las perspectivas de la actual campaña».
Menos burocracia y cambios en la cadena alimentaria
La Unió reclama también una mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, al considerar que actualmente no está funcionando de forma adecuada para garantizar precios suficientes a los productores.
La organización propone además que la gestión de las ayudas sea sencilla y que la Generalitat aproveche la información que ya tiene disponible a través de la Solicitud Única de la PAC, el Registro Vitícola y otros registros administrativos, evitando reclamar nuevamente documentación que ya esté en poder de la Administración.
También plantea que estas subvenciones puedan ser compatibles con las ayudas de la PAC, las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola y otras líneas con objetivos diferentes o complementarios, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa europea.
La Unió insiste en que el sector necesita medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las explotaciones. «Podemos debatir sobre promoción, reestructuración, comercialización o nuevas estrategias para el sector, pero el primer requisito para poder hacer todo eso es que continúen existiendo viticultores. Si producir uva no permite cubrir los costes y obtener una renta digna, cada vez habrá más agricultores que se planteen dejarlo», concluye Navarro.
