La Diputación de Alicante ha acogido hoy la celebración de la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua para valorar la propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
La vicepresidenta Ana Serna sostiene que aboga por «agotar la vía del diálogo» pero se muestra escéptica de lograr avances. “Visto lo que ha pasado en los últimos años, mucho me temo que vamos a tener que pasar a la acción y la Diputación de Alicante estará apoyando todas aquellas medidas sociales y judiciales que se emprendan en defensa de aquello que nos corresponde”. En esta empresa, ha valorado que “ir de la mano de la Generalitat” en la defensa del trasvase “será un impulso importante para afrontar la desastrosa situación que se nos viene”.
La mesa técnica provincial del agua ha calculado el impacto de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. “Nos encontramos ante una situación de emergencia que requiere una respuesta”, ha señalado la también diputada de Ciclo Hídrico.
Serna considera que las nuevas reglas “son la puntilla final al trasvase”, ya que la Comisión concluye que junto con la implementación plena del caudal ecológico, reducirá significativamente el agua disponible para regadío, causando con ello una pérdida patrimonial de 5.692 millones de euros y la destrucción de más de 15.000 empleos en las tres provincias receptoras -Alicante, Murcia y Almería-
En el caso concreto de la provincia de Alicante, apuntan que la caída de los volúmenes trasvasables sobre las explotaciones de regadío reducirían la producción en casi 61 millones de euros y se perderían unos 1.700 puestos de trabajo.
La responsable provincial afirma que se trata de “una decisión que no responde a ningún criterio técnico y que solo busca premiar fidelidades y castigar territorios como el de la provincia de Alicante”.
Durante la Comisión Técnica del Agua se han abordado, asimismo, las posibles alternativas para combatir los efectos del aumento del caudal ecológico y el cambio de las reglas de explotación como puede ser el trazado de la conexión entre la desaladora de Torrevieja y Ojós (Murcia), una conexión que ha generado preocupación debido a su impacto potencial en áreas protegidas como la Sierra de Escalona.
Sobre esta obra, el director de la Comisión, el catedrático Joaquín Melgarejo, ha manifestado que la conexión requiere de “un proyecto riguroso y debería estar ejecutada en 2027”, por lo que es necesario que haya partidas presupuestarias que no existen en la actualidad para su estudio y ejecución. “El año 2027 está prácticamente ahí y estamos sin Presupuestos Generales del Estado para saber cómo y cuándo se van a pagar estas obras”, ha advertido el experto.
Asimismo, el proyecto Vertido cero podría ser también un sustitutivo de parte del agua del trasvase que se va a perder, especialmente para la zona de Riegos de Levante Margen Izquierda, pudiendo alcanzarse los 16 hm3, según ha apuntado Melgarejo, quien, no obstante, ha denunciado la falta de concreción del Ministerio de Transición Ecológica sobre esta propuesta.
La Comisión Técnica del Agua también ha analizado en su reunión de hoy las garantías de abastecimiento en la Marina Baixa, “porque ha llovido en buena parte de España pero no en la cuenca del Segura y tenemos una situación de premergencia en esta comarca, por lo que hay que analizar la situación y prepararnos de cara al verano”.
