La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular en una empresa de paquetería. La operación se ha desarrollado en las localidades alicantinas de Elda, Petrer, Monóvar y Sax y se ha saldado con la detención de cinco personas.
Los arrestados están investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal. Tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.
Una red organizada desde una nave en Elche
La investigación permitió detectar un entramado que operaba desde una nave industrial ubicada en Elche bajo la apariencia de empresas de logística. Desde ese punto, los responsables organizaban la distribución masiva de paquetes mediante una estructura jerarquizada con intermediarios y repartidores en distintos municipios de la provincia.
Según la Policía Nacional, los trabajadores, en su mayoría en situación irregular, eran sometidos a condiciones laborales abusivas, con jornadas de hasta siete días semanales y más de diez horas diarias, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.
Pagos de 0,60 euros por paquete
Los repartidores percibían alrededor de 0,60 euros por paquete entregado, lo que se traducía en ingresos mensuales de entre 600 y 900 euros. La organización se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad y necesidad económica de estas personas para mantener el sistema de reparto.
La red estaba dirigida por dos individuos que controlaban la operativa y gestionaban la aplicación utilizada para el reparto. Además, contaban con colaboradores encargados del transporte, la coordinación local y la distribución de los pagos.
Entre 15 y 20 repartidores subcontratados cada día
Los intermediarios subcontrataban diariamente a entre 15 y 20 repartidores, que realizaban las entregas en condiciones irregulares. La Policía Nacional enmarca esta actuación en la lucha contra la explotación laboral y la protección de personas en situación de especial vulnerabilidad.
