Acuerdo en el seno del Consell sobre el requisito lingüístico tras años de discrepancias entre PSPV y Compromís. Y es que todas aquellas personas que quieran acceder a un puesto de alto funcionario de la Generalitat Valenciana (A1 y A2), a partir de 2025, deberán disponer de un C1 de valenciano, lo que antes se conocía como el mitjà, a excepción del personal sanitario y docente. Además, si se obtiene un 7 en valenciano durante los dos cursos de Bachillerato, a partir del 2021-2022, se recibirá de manera automática la acreditación del C1.
Así lo han explicado la consellera de Educación, Raquel Tamarit, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la presentación del decreto para regular el requisito lingüístico del valenciano para acceder a los procesos de selección de la administración pública, que entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2023. Durante la rueda de prensa, ambas conselleras han celebrado el entendimiento entre los diferentes departamentos y que la normativa permitirá “poner el valenciano al mismo nivel del castellano” y “atender a la ciudadania en la lengua que desee”.
“Hoy es día muy especial en el que se ha demostrado que acordar es la política útil. Agradezco a la consellera Bravo la predisposición desde el minuto cero para llegar a acuerdos. En una negociación lo más importante es querer llegar a acuerdos y en este caso las dos consellerias queríamos” ha asegurado Tamarit, que también ha señalado que la nueva normativa “mejorará el servicio de la administración” como hacen otras autonomías con lengua propia como Galicia.
Del mismo modo, desde Educación se ha presentado otro decreto que permitirá convalidar los estudios de valenciano en el sistema educativo y obtener la competencia lingüística de valenciano homologados por la Junta Qualificadora de Coneixements en València (JQCV). Es decir, aquellas personas que hayan aprobado sus estudios de valenciano durante la ESO y Bachillerato lo pondrán convalidar por títulos como el Mitjà o el Elemental.
Según ha explicado la consellera de Justicia este requisito lingüístico se aplicará para los empleados públicos de la administración de la Generalitat y de las entidades locales y los consorcios adscritos a la Generalitat. Sin embargo no se aplicará a los docentes ni al personal público sanitario, para el que el valenciano seguirá siendo un mérito como marca su propia regulación de 2017, según ha explicado Bravo. Tampoco a los funcionarios que ya tienen su plaza, aunque los interinos que quieran concurrir a una, sí que deberán acreditar el nivel de valenciano.
Así pues, las personas que concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano; las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un nivel B2 de valenciano; las que aspiren al subgrupo C1 deberán contar un nivel de capacitación de valenciano B2, y las del subgrupo C2, con un nivel de valenciano de B1. Finalmente, las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.
Período transitorio
En este sentido, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen una vez publicado este decreto en el DOGV ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.
Pero para los grupos de altos funcionarios A1 y A2, habrá un periodo transitorio y el requisito de nivel C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta ese momento, para aspirar a plazas de esta categoría, se les requerirá un nivel B2 de valenciano.