La delegación de Alicante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reclamado este martes revertir la “infrainversión estructural del Estado” en la provincia durante una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la que la patronal ha trasladado su preocupación por el déficit inversor acumulado en la última década. La delegada, por su parte, ha defendido que el Ejecutivo central tiene comprometidos 5.000 millones de euros en la provincia para los próximos años y se ha comprometido a realizar un seguimiento semestral de las inversiones.
El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha sostenido que la provincia arrastra un problema estructural con efectos directos sobre la ciudadanía, la competitividad empresarial y las oportunidades de futuro. Según ha expuesto, Alicante registra una inversión por habitante de 551 euros, frente a una media nacional de 1.199 euros, y pese a representar cerca del 37 % de la población de la Comunitat Valenciana apenas recibe en torno al 18 % de la inversión estatal en el territorio autonómico.
Durante el encuentro, la organización empresarial también ha puesto sobre la mesa un análisis sobre la evolución de la inversión estatal entre 2016 y 2025, que, según ha trasladado el tejido empresarial alicantino, evidencia que la provincia se mantiene en la parte baja del conjunto nacional. Desde el ámbito empresarial insisten en que no se trata de una anomalía puntual, sino de un desequilibrio que se repite en el tiempo y que condiciona el desarrollo económico de Alicante.
Infraestructuras pendientes en la provincia de Alicante
Entre las principales reclamaciones de la patronal figuran la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, la implantación efectiva de la alta velocidad, la mejora de conexiones como los ejes Alicante-València, Alcoy-Xàtiva y Alcoy-Alicante, además de la ampliación y mejora de la A-31, la culminación del Corredor Mediterráneo con el acceso al Puerto de Alicante y el impulso de infraestructuras logísticas como un puerto seco.
Quintanilla ha advertido además de que muchas de esas actuaciones siguen siendo las mismas que la provincia reclama desde hace más de una década. A juicio de la patronal, el problema no es solo que sigan pendientes, sino que Alicante continúa sin ver resueltas infraestructuras que consideran esenciales para su vertebración y crecimiento.
La organización empresarial también ha trasladado sus demandas en materia hídrica. En este punto, ha pedido desbloquear el proyecto Vertido Cero y ha defendido la necesidad de garantizar agua para sostener el empleo y la actividad económica. Desde la CEV Alicante respaldan igualmente los planteamientos del sector agrario para avanzar en “autopistas del agua” que permitan articular la provincia y asegurar un reparto eficiente y sostenible de este recurso.
La respuesta del Gobierno: 5.000 millones y defensa del sistema de financiación
Frente a estas reclamaciones, Pilar Bernabé ha subrayado que el Gobierno de España tiene comprometidos 5.000 millones de euros con la provincia de Alicante, una cifra que, según ha defendido, asegura un esfuerzo inversor en infraestructuras estratégicas durante los próximos años. La delegada ha señalado que el Ejecutivo es consciente de que Alicante necesita ese impulso y ha enmarcado esa respuesta en actuaciones viarias, ferroviarias, aeroportuarias e hídricas.
En el apartado ferroviario y aeroportuario, Bernabé ha destacado más de 1.100 millones de euros para el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, 750 millones para el trazado Xàtiva-Nudo de La Encina y 260 millones para la adaptación al ancho estándar del tramo La Encina-Alicante, una actuación que considera estratégica para el Corredor Mediterráneo y para la conexión del Puerto de Alicante.
En carreteras, la delegada ha cifrado en 281 millones de euros la inversión prevista, con actuaciones como el tercer carril de la AP-7 entre Crevillente y Orihuela, con cerca de 70 millones, y la variante de Benissa, con 61 millones. También ha recordado que el Puerto de Alicante prevé recibir cerca de 90 millones de euros hasta 2029.
Inversiones en agua y compromiso de seguimiento
En materia hídrica, Bernabé ha remarcado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha destinado cerca de 640 millones de euros en la provincia y que el Ministerio de Agricultura, a través de SEIASA, suma otros 136 millones para mantenimiento y mejora de infraestructuras. Dentro de ese bloque, ha destacado 542 millones entre 2022 y 2027 para aumentar la producción de agua desalada y para instalaciones fotovoltaicas.
Entre las actuaciones citadas figuran los cerca de 192 millones de euros para la ampliación de la desaladora de Torrevieja y su planta fotovoltaica, la futura ampliación de la desaladora de Mutxamel, la planificación de la desaladora de Dénia y la conexión de la de Xàbia con Teulada, Benitatxell y Benissa. También ha apuntado una inversión cercana a 98 millones para placas fotovoltaicas y otros proyectos, entre ellos cerca de 7 millones para tres estaciones fotovoltaicas en Elche y Crevillente.
Al término de la reunión, ambas partes han escenificado la voluntad de mantener abierta la interlocución. Desde la CEV Alicante consideran que el encuentro abre una oportunidad para empezar a corregir desequilibrios históricos, mientras que la delegada del Gobierno se ha comprometido ante los empresarios a presentar un seguimiento semestral del estado de las inversiones en la provincia.
