El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha negado este viernes haberse llevado dinero en el caso que investiga un supuesto fraude en la gestión de los bonos consumo de los años 2022 y 2023. El empresario ha afirmado ante los periodistas que está «muy tranquilo» y ha recalcado que «nunca me he llevado un euro de nada», al tiempo que ha confirmado su intención de presentarse a la reelección en el proceso electoral del organismo cameral previsto para el próximo mes de junio.
Baño ha realizado estas declaraciones tras la presentación de la VII Gala del Club de las Empresas Centenarias de Alicante, en respuesta a las preguntas sobre la investigación abierta por las ayudas destinadas a incentivar el consumo y el comercio local, impulsadas por la Diputación de Alicante durante los ejercicios 2022 y 2023.
El dirigente cameral ha insistido en que no necesita apropiarse de fondos y ha vinculado esa postura a su trayectoria personal y profesional. «Gracias a Dios no lo necesito y mis valores, mi formación y la educación recibida no me permiten hacer eso», ha manifestado.
Baño defiende su gestión y dice tener la conciencia tranquila
Durante su comparecencia, Carlos Baño también ha subrayado que no pertenece a ningún partido político, aunque ha reconocido que tiene «el honor de ser amigo del que era presidente de la Generalitat», en referencia a Carlos Mazón, a quien, según ha explicado, conoce desde hace 25 años. En este contexto, ha reiterado que tiene «la conciencia muy tranquila».
Las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante se producen un día después de que el juez acordara el levantamiento del secreto del sumario. Según ha indicado, la causa reúne unas 500 páginas que todavía no ha podido estudiar en profundidad, aunque ha señalado que su defensa jurídica le ha trasladado una impresión de tranquilidad. También ha considerado positivo que el juzgado haya levantado el secreto de las actuaciones, ya que, según ha dicho, «la única forma de poder defenderse es saber de qué te acusan».
Baño ha explicado además que, cuando accedió a la presidencia de la Cámara alicantina, renunció voluntariamente al sueldo que habían percibido sus antecesores, una cantidad que, según sus cálculos, habría sumado unos 240.000 euros en cuatro años. Del mismo modo, ha asegurado que también renunció a disponer de coche y chófer pagados por el organismo cameral.
«Yo no me aprovecho de ningún cargo y de ningún puesto: Llevo trabajando 40 años y lo que tengo me lo he ganado», ha afirmado antes de insistir en que nunca se ha «apoderado ni apropiado de nada». Esa defensa la ha extendido igualmente al resto de la junta de la Federación Provincial de las Pymes de Alicante (Facpyme).
La Policía cifra en más de 100.000 euros el supuesto fraude
En relación con el origen de los bonos consumo investigados, Baño ha recordado que estas campañas se pusieron en marcha en un momento de especial dureza económica tras la pandemia de la Covid-19, cuando el comercio de proximidad sufría el impacto del auge de la venta online. Según ha explicado, fueron las patronales las que trasladaron a la Diputación la necesidad de activar este tipo de ayudas para respaldar al pequeño comercio, igual que ya se había hecho desde el Gobierno valenciano del Botànic.
A juicio del presidente de la Cámara, aquellas campañas resultaron «un éxito» para los comercios de la provincia, con independencia del color político de los ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa.
En su intervención también ha aludido al trato recibido por parte de la Policía el día de su detención y ha relatado que después habló con el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, con quien compartió una reflexión vinculada a la cercanía de la Semana Santa. «¿Qué no van a hacer con un pequeño humilde comerciante que se ha dedicado a trabajar en pro de esta provincia para defender los intereses comunes?», ha señalado.
La investigación judicial se centra en la gestión de los bonos consumo a través de una sociedad instrumental de Facpyme, entidad que también preside Baño en su condición de máximo representante de la Cámara de Comercio. Tras levantarse el secreto de las actuaciones, ha trascendido que la Policía Nacional cifra en algo más de 100.000 euros el importe del supuesto fraude.
