El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan y ha advertido de que llevará el asunto a la Fiscalía ante “cualquier sospecha” de irregularidad. La decisión se adopta tras hacerse pública la adjudicación de viviendas a cargos municipales y familiares directos, según ha desvelado Diario Información.
El primer edil ha asegurado que “no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que correspondan” y ha recalcado que el Ayuntamiento llegará “hasta el final” en el esclarecimiento del proceso. Barcala ha señalado que el objetivo del expediente es determinar si en la tramitación administrativa de la promoción pública -cuyo inicio data de 2018- se ha producido alguna actuación irregular y ha insistido en que el consistorio actuará con total transparencia durante todo el procedimiento.
Las adjudicaciones publicadas
Según lo publicado por Diario Información, las adjudicaciones que han motivado la reacción del gobierno municipal afectan a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a un arquitecto de su área de Urbanismo y a los dos hijos de una directora general del Consistorio. Todos ellos son beneficiarios de viviendas de protección pública en una promoción situada en la Playa de San Juan.
En concreto, el diario identifica como adjudicataria a Rocío Gómez, concejala de Urbanismo; a Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo; y a los dos hijos de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante. Las adjudicaciones se produjeron en el marco de una cooperativa vinculada a una promoción pública levantada sobre suelo municipal.
No obstante, fuentes municipales aseguran que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, “no ha tenido relación alguna con este expediente” y optó a la vivienda antes de entrar en política.
Por su parte, el arquitecto municipal del área de Urbanismo está involucrado también en una causa penal abierta en 2024, tras ser detenido en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en la provincia de Alicante. El funcionario fue arrestado por un presunto delito de tráfico de influencias, al estar acusado de agilizar trámites urbanísticos que habrían permitido rentabilizar inmuebles vinculados a una red dedicada al cultivo de marihuana.
Respecto a La directora general del Ayuntamiento, nombrada a principios de 2025, formó parte como secretaria del órgano técnico municipal del proceso de venta de la parcela donde se levanta la urbanización entre 2018 y 2022. La responsable ha negado haber influido en la adjudicación.
Apertura de una investigación interna
Tras conocerse estos hechos, el alcalde ha ordenado formalmente la apertura de un expediente de averiguación, cuya instrucción ha sido encomendada al secretario general del Ayuntamiento de Alicante. En el marco de esta investigación interna, ya se ha requerido información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación.
A estos departamentos municipales se les ha solicitado que detallen la relación de personal que ha intervenido en el expediente urbanístico, con independencia de su condición de funcionario, personal laboral o del puesto desempeñado, con el fin de reconstruir de manera completa la tramitación administrativa seguida en la adjudicación de las viviendas.
Barcala ha reiterado que, si del informe se desprende la menor sospecha de irregularidad, el Ayuntamiento trasladará el expediente a la Fiscalía para que valore la adopción de las medidas que correspondan.
El PSPV exige la dimisión de la concejala de Urbanismo
La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha exigido la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y ha anunciado que su grupo denunciará los hechos ante la Fiscalía.
“Exigimos la dimisión de la edil de Urbanismo por el escándalo en la adjudicación de vivienda y lo denunciaremos en la Fiscalía”, ha afirmado Barceló, quien ha reclamado además la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde, Luis Barcala, dé explicaciones y la creación de una comisión de investigación con participación de la oposición.
El grupo socialista ha señalado que “se debe investigar si existen amigos y familiares vinculados al gobierno del PP que han sido beneficiados con vivienda pública” y ha advertido de la gravedad de los hechos. “Lo que está ocurriendo es gravísimo, no nos fiamos y vamos a fiscalizar con lupa las gestiones entre Barcala y la Generalitat para la cesión de terrenos municipales para vivienda en el marco del Plan Vive”, ha añadido la portavoz.
Durante el pleno celebrado este miércoles, Barceló ha preguntado al alcalde si determinadas personas, entre ellas la actual concejala de Urbanismo, contaron con algún tipo de ventaja al conocer los trámites administrativos o si alguien utilizó su posición dentro del Ayuntamiento para favorecer adjudicaciones. “¿Hay más amigos o familiares del PP que han resultado beneficiados?”, ha planteado.
La portavoz socialista ha señalado también que “el plan de Barcala para construir 6.000 viviendas en Alicante en colaboración con la Generalitat Valenciana está bajo sospecha y no nos fiamos” y ha reclamado garantías para que la vivienda pública “se adjudique a quien realmente lo necesita y no a quien tenga información privilegiada”. “Estamos hablando de decencia política y exigimos una comisión de investigación para garantizar la máxima transparencia, porque su gestión está bajo sospecha”, ha concluido.
La izquierda pedirá explicaciones en un pleno extraordinario
El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha anunciado que los tres grupos de la izquierda registrarán la petición de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones sobre la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO).
Mas ha señalado que exigirán conocer “desde cuándo el alcalde tiene información sobre este hecho” y si era conocedor de la existencia de “un informe de un alto cargo de Patrimonio paralizando estas adjudicaciones definitivas”. Asimismo, ha cuestionado si el alcalde considera adecuado que “una concejala que cobra más de 60.000 euros” o “familiares de directores generales que cobran 80.000 euros” resulten beneficiarios de este tipo de viviendas.
El portavoz de Compromís también ha vinculado el caso con el Plan Vive, al preguntar si el objetivo es “repartir más entre los altos cargos”, y ha cargado duramente contra el primer edil, al que ha calificado como “responsable y corresponsable, la pieza angular de esta nueva trama urbanística”.
“Vuelve la corrupción al Ayuntamiento de Alicante, que pensábamos que estaba desterrada y vuelve con más fuerza que nunca con adjudicaciones de pisos de VPO a personas vinculadas con el Partido Popular”, ha concluido.
Vox pide ceses y advierte de consecuencias políticas
Por su parte, Vox ha reclamado el cese inmediato de la directora general María Pérez-Hickman y ha exigido que su puesto quede vacante hasta que el asunto quede completamente aclarado.
“Cuando desde VOX facilitamos la designación de órganos directivos como los directores generales, exigimos que fueran personas ejemplares y, por ello, ante las graves informaciones conocidas esta mañana, pedimos al alcalde el cese inmediato de la directora general, María Pérez-Hickman, y la vacancia del puesto”, ha señalado la formación, que ha recordado que ya solicitó un informe —aún no recibido— sobre la viabilidad legal de su designación en tribunales de oposiciones.
Vox ha exigido además que se lleven a cabo “todas las actuaciones de averiguación para conocer el listado completo de adjudicatarios de esas viviendas” y ha anunciado que su grupo municipal solicitará de inmediato esta información en los órganos competentes. “Para nosotros es un golpe a la confianza muy duro y va a tener consecuencias”, ha advertido.
En relación con la vivienda adjudicada a la edil de Urbanismo, Vox ha señalado que está estudiando el procedimiento de adjudicación y sus tiempos, y ha avisado de que “no nos va a temblar la mano de exigir otro cese si se ha cometido alguna irregularidad”, tras recordar que ya forzó anteriormente la salida de un concejal del gobierno local.
