La Generalitat podrá obligar a grandes propietarios o tenedores de 10 o más viviendas a la cesión obligatoria de estas en circunstancias “excepcionales”, según ha aprobado esta mañana de 17 de febrero el Pleno del Consell. se podrían acoger personas en situaciones como las sobrevenidas por “calamidades públicas, como puede ser la existencia de personas desplazadas por un conflicto bélico, desahucios, sinhogarismo que se detallan en la ley y que insisto tienen un carácter extraordinario”, ha señalado el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca.
Esta nueva ordenación jurídica viene a confrontar directamente el “hostigamiento de las familias por parte de fondos buitre, por parte de grandes propietarios para que abandonen sus viviendas”, ha indicado y se trata de una norma “audaz” que tipifica el acoso inmobiliario y otras conductas antisociales y las castigará con multas de hasta 950.000 euros.
Esta ley “sitúa a la vanguardia del Estado español en políticas de vivienda con un abanico de herramientas que se han desplegado a lo largo de la legislatura y que, insisto, hoy son ya una referencia”, ha precisado Héctor Illueca.
Su objeto es dotar a las administraciones públicas valencianas de instrumentos legales para que, de manera urgente y eficaz, garanticen y protejan el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente a aquellas personas y unidades de convivencia en situación de emergencia residencial, en el marco de la crisis económica y social existente.
El conseller reconoce que existía una laguna legal. Para hacer valer el decreto y “combatir el acoso inmobiliario”, personal en la Conselleria que ejerce labores de inspección se trabajarán conforme a este nuevo sistema y “está prevista la creación de un cuerpo profesional que se desarrollará en el futuro”.
Adicionalmente, La Conselleria crará un registro de grandes tenedores “que va a aportar información valiosa a la administración sobre su actividad” y además pondrá en marcha un régimen específico de colaboración público-privada en materia de vivienda.
Incluye la definición de acoso inmobiliario
El decreto ley se estructura en cuarenta y cinco artículos repartidos en ocho títulos, contando el título preliminar, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.
El título preliminar, que engloba los artículos 1 y 2, delimita el objeto y el ámbito de aplicación del decreto ley y establece la definición de las nociones que se manejan en el cuerpo de este, así como otras disposiciones generales necesarias para la seguridad jurídica de la norma.
Como novedad, tipifica y regula la definición del acoso inmobiliario, que el decreto ley define como toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante.
Especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda. A este respecto establece un régimen sancionador.
El presente decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Sindicat Barri Carolines alerta de cinco desahucios de fondos buitre este mes en Alicante
Precisamente en Alicante esta mañana se volvía a movilizar el Sindicat de Barri de Carolines ante la sucursal de un banco en la avenida de Alfonso el Sabio nº 12 para tratar de frenar el desahucio de dos familias. En el caso de una familia residente de la calle Poeta Sellés, han reclamado que el banco negocie la renovación de un alquiler social, a lo que ha expresado su “negativa” anteriormente.
Fuente de la organización social han logrado “el compromiso verbal de parar el desahucio y abrir una vía de negociación para darles solución a largo plazo, lo que pasa por un alquiler social”.
En el barrio de Carolinas y otros puntos de la capital, este movimiento lleva denunciando y tratando de frenar desahucios promovidos por fondos buitre con un interés especulativo, denuncian. Este mes de febrero han sido cinco los desahucios programados. El primero, el pasado día 1, y que se llegó a consumar, el de una mujer septuageniaria con un hijo con discapacidad reconocida. A fecha de ayer todavía no habían obtenido un recurso alternativo.
