El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula las bases para la concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, a consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19, tengan problemas transitorios para atender el pago parcial o total del arrendamiento y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La dotación de estas ayudas asciende a un importe global máximo estimado de 7,5 millones de euros, sin perjuicio de su posible ampliación con fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea.
La cuantía de la ayuda podrá conseguir hasta el 100% de la renta que conste en el contrato de arrendamiento, hasta un importe máximo de 650 euros en el mes y por un periodo máximo de seis meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril.
Este programa incluye la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación que las entidades bancarias hayan ofrecido a las personas solicitantes que se encuentran en la situación de vulnerabilidad social y económica a consecuencia de la expansión del coronavirus.
La situación de emergencia de salud pública ha hecho que se estén adoptando varias medidas urgentes de apoyo a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
En este sentido, podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual, acreditan estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia de la COVID-19 con posterioridad al 15 de marzo de 2020.
Entre los supuestos de vulnerabilidad están, entre otras, que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler paso a estar en situación de desocupación, Expediente Temporal de Regulación de Ocupación (ERTE) o, en caso de ser empresario, haya reducido su jornada por motivo de curas u otras circunstancias similares que suponen una pérdida sustancial de ingresos.
En caso de que sea persona con parálisis cerebral, con dolencia mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de dolencia grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces lo IPREM.
En la concesión de las ayudas se priorizará en función del grado de vulnerabilidad de las personas beneficiarias hasta que se agote el importe global. En el supuesto de que, al agotarse la cuantía existieron varias personas beneficiarias con el mismo grado de vulnerabilidad, tendrán prioridad las mujeres o personas de mayor edad.
