La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha anunciado hoy que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante llevará al pleno del próximo jueves la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones efectuadas por el Patronato de la Vivienda para el desarrollo de una obra realizada en un local municipal del casco antiguo.
Mari Carmen de España considera que la existencia de un informe del interventor poniendo en cuestión la forma de contratación y advirtiendo del posible fraccionamiento de contrato hace necesario que los grupos políticos analicen a fondo este expediente y que, con independencia de las responsabilidades judiciales que se puedan derivar si así lo estima el Servicio Jurídico del Ayuntamiento, diluciden si existen responsabilidades políticas por la tramitación de estos contratos.
La portavoz del PP ha recordado que toda la tramitación de este expediente fue impulsado en la etapa de la edil de Guanyar, Julia Angulo, como máxima responsable de Vivienda y, terminada su tramitación, cuando la ex edil Sofía Morales asumió esas competencias al romperse el tripartito y quedarse los socialistas con el gobierno en solitario.
La intervención del actual equipo de gobierno se ha limitado a constatar que existe una obligación de pago, reconocida por todos los grupos políticos, por unas obras realizadas y plantear que ese pago se efectúe vía reconocimiento extrajudicial de crédito. “Ni hemos tenido que ver en cómo se formalizó la contratación, ni hemos impulsado ese expediente y tampoco hemos sido nosotros los que hemos ignorado las advertencias del interventor”, ha manifestado De España.
Me parece lamentable, aunque no me sorprende en absoluto, que Guanyar y PSOE quieran eludir cualquier responsabilidad sobre una cuestión que puede tener, incluso, consecuencias judiciales”, ha añadido la portavoz popular.
Informe jurídico
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ya ha pedido un informe a los Servicios Jurídicos municipales sobre la adjudicación por el Patronato Municipal de Vivienda en el año 2017 de unas obras por importe de 56.558 euros, tras constatar que existe un informe del interventor en el que se alertaba de la existencia de un posible fraccionamiento de contrato, a través de tres adjudicaciones distintas.
Durante la ejecución de las obras se modificó el proyecto para reducir su coste por debajo del límite legal de 50.000 euros establecidos para los contratos menores de obras, mientras que la posición de la Intervención Municipal era que se tramitara esa contratación a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
La portavoz del PP considera que “esta extraña forma de proceder, buscando lo que parecen atajos para obviar las advertencias de la Intervención Municipal, necesita de explicaciones políticas por los máximos responsables de esta iniciativa, es decir, Guanyar y PSOE, ya que toda la tramitación del expediente tuvo lugar bajo su responsabilidad”, ha afirmado finalmente De España.
