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Cuatro detenidos en Alicante por trata de personas y explotación sexual

Se ha detenido a un matrimonio, el cual organizaba los viajes para después, reclamar una deuda que debía ser saldada con la prostitución.

La Guardia Civil de Alicante y Almería finalizaron el pasado 14 de abril la denominada Operación Zulia-Aragua con la detención de cuatro personas por supuestos delitos de trata de seres humanos y explotación sexual, después que dos mujeres que estaban siendo explotadas consiguieran huir hacia Almería donde encontraron una pareja de la Guardia Civil a la que pidieron auxilio.

A principios del mes de octubre de 2019, dos mujeres se encontraron con una patrulla de la Guardia Civil en la vía pública en la localidad Roquetas de Mar (Almería), a la que solicitaron auxilio.

Manifestaron a los agentes que habían sido traídas mediante engaño a España, concretamente a la localidad de Alicante, donde habían sido víctimas de un delito de explotación sexual bajo amenazas y que habían conseguido huir hacia Almería. Ante la gravedad de los hechos, se inició una investigación conjunta por parte de los Equipos Mujer Menor (EMUME) de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante y Almería.

Se inició una investigación, en la que se conoció que estas mujeres, de nacionalidad venezolana, habían sido traídas a España a través de un matrimonio español afincado en Alicante. Este matrimonio, que regenta un restaurante en la provincia de Alicante, había creado una agencia de viajes con el único fin de poder traer mujeres de diferentes países latino-americanos sin levantar sospechas.

Contactaban previamente con las mujeres, todas ellas habían huido de sus países de origen estando sumidas en situaciones de pobreza extrema, les informaban que ellos correrían con todos los gastos del viaje, y que esa cantidad la tendrían que devolver luego ejerciendo la prostitución en España en lugares regentados por ellos.

A las que accedían, les enviaban los billetes de avión desde España para que viajaran desde los países donde se encontraran hasta el aeropuerto de Barajas, les daban instrucciones de cómo pasar el control de inmigración en el aeropuerto: les enviaban los billetes de ida y vuelta, (aunque el viaje de vuelta ya no lo iban a utilizar), y les indicaban que manifestaran que venían como turistas, a hacer turismo en España.

A su llegada a España, las trasladaban a una vivienda de Alicante, donde les informaban que la deuda que habían contraído ascendía a cantidades de entre 1.500 y 2.300 euros, y les explicaban las condiciones para su devolución.

Dichas condiciones consistían en que el importe se pagaría de manera íntegra con el ejercicio de la prostitución, que el total de cada uno de los servicios prestados iría para los proxenetas . Ellas no tendrían acceso al dinero y serían los proxenetas los que concertaran los pagos con los clientes, descontando la mitad de ese servicio del importe total de la deuda. Que por otro lado, al no disponer las mujeres de dinero ni tan siquiera para su manutención, serían los proxenetas los que se harían cargo de los gastos de su manutención, alimentación, ropas, etc. Si bien todos esos cargos se sumarían al importe de la deuda contraída.

Los problemas empezaron cuando, con la llegada de un nuevo socio al negocio de prostitución, éste se hizo con todas las llaves de la vivienda donde vivían y ejercían la prostitución, les dio indicaciones de que para salir de la vivienda le tendrían que pedir permiso a él, y hacerlo solo de manera individual y para dar cortos paseos por los alrededores, así como que empezó a ofrecer en distintos sitios web de anuncios de prostitución la realización de distintos sexuales sin el conocimiento ni consentimiento de ellas.

Que esta circunstancia motivó que las mujeres se negaran a la realización de distintas prácticas sexuales, los clientes reprocharan que dichos servicios estaban anunciados, y se creara un clima de tensión con los proxenetas, los cuales empezaron reprochando a las mujeres que si no accedían a dichos servicios no podían competir con otros sitios de prostitución de la zona.

Los proxenetas se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las cuales se encontraban solas en un país donde no conocían a nadie y no disponían de ningún recurso económico propio debido a la situación de dependencia total que ellos mismos le habían provocado al no darle acceso a las llaves de la vivienda ni al dinero que se obtenía del ejercicio de la prostitución, y comenzaron a vigilar de manera directa la prestación de los servicios así como a proferir amenazas previas a la realización de éstos para que se prestaran a todo lo que les fuera solicitado por los clientes.

Este hecho provocó situaciones en las que las mujeres rompieron a llorar durante los servicios sexuales, y que les dijeran a los clientes que estaban obligadas a realizar esos tipos de servicios.

Al conocer los proxenetas estos hechos por los propios clientes a la hora de realizar el pago, procedieron a echar a las mujeres a la calle, con lo puesto sin dejarles recoger sus pertenencias y sin dinero, así como a desmantelar la vivienda en la que se ejercía la prostitución ante el temor a una denuncia, advirtiendo a las mujeres que el resto del pago de la deuda les tendría que ser enviado a la mayor brevedad posible.

Dos de estas mujeres pidieron dinero a través de una remesadora de dinero internacional, a amistades que tenían en un país europeo, los cuales les enviaron una cantidad de dinero para que pudieran abandonar Alicante y les facilitó el teléfono de compatriotas suyas afincadas en Almería para que las alojaran.

Desde su llegada a Almería, empezaron a recibir en sus teléfonos móviles amenazas constantes reclamándoles el pago de la deuda, motivo por el cual, ante el temor de que los proxenetas pudieran saber su paradero, pidieron auxilio a una patrulla de la Guardia Civil.

La investigación permitió detectar un total de cinco mujeres que habían sido traídas a España con el mismo modus operandi, así como a la localización y toma de declaración de tres de ellas en calidad de víctimas de los delitos investigados.

Tras una extensa investigación, en la que se hallaron numerosos indicios que revestían de veracidad las manifestaciones de las denunciantes, e inferían la comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por parte de los investigados, los días 13 y 14 de abril de 2021 se produjo la detención del citado matrimonio, siendo ambos de nacionalidad española, de 34 y 35 años de edad respectivamente. Se trataba de dos personas sin antecedentes.

Igualmente se detuvieron a dos personas más, uno de nacionalidad colombiana, de 35 años que había participado activamente en la explotación sexual de las mujeres, y otro de nacionalidad ecuatoriana de 50 años de edad, éste último que había participado en las labores de captación en los países de origen de las denunciantes.

A todos ellos se les imputa como presuntos autores, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En la misma fecha se procedió a la imputación de los mismos hechos en calidad de investigada a una mujer española de 29 años, la cual ejercía labores administrativas en la agencia de viajes.

El día 15 de abril, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, quien decretó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y la presentación periódica.

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