La Jefatura de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido un informe. En él reafirma el “estricto cumplimiento de la legalidad urbanística vigente” en la tramitación del expediente relativo a las obras de adecuación de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio Panoramis.
El documento responde a las “constantes afirmaciones y descalificaciones” que, según el consistorio, cuestionan el trabajo de los técnicos municipales.
Según el informe, las críticas de la entidad cameral —que atribuyen a los técnicos un “error de interpretación” y la aplicación de una “ordenanza municipal desfasada”, además de supuestos “errores jurídicos” al aplicar normativa derogada— “faltan a la verdad”.
Urbanismo recalca que se ha utilizado el vigente texto de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2021. Además, destaca que los preceptos citados de la Ley 5/2014 coinciden literalmente con los de la normativa actual.
Las obras están sujetas a licencia y no a declaración responsable
El Ayuntamiento sostiene que las actuaciones ejecutadas para habilitar la nueva sede reúnen dos condiciones que impiden su tramitación por declaración responsable:
- afectación a elementos estructurales principales,
- alteración estructural del edificio.
Por tanto, “no se sujetan a declaración responsable, sino a licencia”, concluye el informe.
La ordenanza municipal es válida y se adapta automáticamente a la normativa
El informe rechaza también que la Ordenanza de Licencias de 2020 esté desfasada. Subraya que respeta plenamente la legislación vigente. Asimismo, recuerda que el propio texto dispone que sus artículos se subordinan a la normativa autonómica y estatal. Esto permite que cualquier modificación legal se aplique de forma inmediata, sin necesidad de modificar la ordenanza.
El proyecto supera la edificabilidad permitida por el Plan Especial del Puerto
Urbanismo recuerda que el Plan Especial del Puerto fija tres parámetros obligatorios en el sector:
- altura máxima: planta baja + 1,
- edificabilidad máxima permitida,
- ocupación máxima del sector.
Según el informe, el Ayuntamiento recibió una comunicación de la Autoridad Portuaria advirtiendo de que parte de las obras ejecutadas por la Cámara —arrendataria de la concesionaria Digital Corner— se habían realizado al margen del proyecto autorizado. Estas obras habían supuesto un aumento de la superficie construida y de la edificabilidad, superando la permitida. Por ello, “en ningún caso las obras podrían ser autorizadas bajo ningún título habilitante —ni licencia ni declaración responsable—”.
Sin posibilidad de licencia mientras no exista concesión portuaria
El Ayuntamiento precisa además que no puede otorgar licencia para obras en suelo de dominio público portuario. Es necesario contar con la concesión previa de la Autoridad Portuaria y un proyecto autorizado por ésta, algo que “no se ha producido hasta la fecha”.
Urbanismo indica que la concesionaria está tramitando actualmente la documentación requerida para regularizar la situación. Este es un paso imprescindible para que la Cámara pueda obtener autorización. Esta autorización se dará siempre que el proyecto se ajuste a la legalidad urbanística y se proceda a la restauración de todo lo construido ilegalmente.
Contexto: un conflicto abierto entre Cámara, Ayuntamiento y concesionaria
La posición municipal coincide con la información avanzada por diversas fuentes del sector empresarial y urbanístico. Estas fuentes apuntan a que la Cámara ha solicitado al Ayuntamiento el desbloqueo del expediente y ha defendido que su proyecto es técnicamente viable tras los ajustes necesarios.
Paralelamente, la concesionaria del edificio Panoramis, Digital Corner, mantiene un diálogo abierto con el Ayuntamiento. Buscan una solución técnica que permita reconducir la situación sin vulnerar el planeamiento del puerto.
El conflicto sigue abierto mientras continúan las gestiones administrativas para regularizar la concesión y adecuar el proyecto.
Urbanismo reivindica el trabajo técnico y ofrece colaboración
El informe concluye reiterando que los técnicos del Servicio de Disciplina Urbanística “aplican la normativa vigente” y recuerda que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento del Plan Especial del Puerto.
Urbanismo afirma su disposición a “colaborar en la solución de la controversia”, siempre respetando la legalidad urbanística, como indica la normativa autonómica.
