El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves, 21 de diciembre, su última sesión de Pleno ordinaria del año en el que el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, ha confirmado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido un año de prórroga a la ciudad para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones.
Ante una pregunta del Grupo Municipal Socialista que urgía a aprobar la ordenanza reguladora, el edil popular ha indicado que ya avanzaron octubre que no se pondría en marcha hasta conocer más detalles de la legislación española. El concejal socialista Raúl Ruíz también ha afirmado que las mediciones en diferentes puntos de la ciudad no cumplen estándar ambientales y ha puesto como ejemplo, la plaza de Luceros donde señala que «superan las 35 micras por metro cúbico, 7 veces más del límite saludable de partículas PM2.5 reconocido por la OMS» así como también ha aseverado que las obras han reducido el espacio rodado «sin reducir el numero de vehículos que lo pueden transitar». Algo que ha calificado que generará «un cuello de botella».
Villar ha señalado que estas afirmaciones son una «falsedad» ya que desde octubre «tenemos una red de sensores de calidad de aire dentro del proyecto de implantación de la zona de bajas emisiones». «Por tanto es falso que no se haya instalado en ninguna estación de control», ha añadido».
Alicante, tercera ciudad de España ‘antibullying’
A propuesta del Grupo Municipal VOX y gracias al apoyo del PP, la ciudad es desde hoy la tercera de España en proclamarse como «ciudad antibullying». El edil del partido de ultraderecha, Juan Utrera, ha iniciado su exposición reconociendo que «sí que es verdad que según los últimos datos la Comunidad Valenciana es una de las que menos casos hay, y en particular nuestra ciudad de Alicante» pero ha animado a seguir trabajando para mejorar la prevención de la violencia escolar. «Tenemos la oportunidad única de seguir trabajando contra esta lacra y reforzar algunos puntos que ya se está llevando y bien llevados a cabo desde este Ayuntamiento desde hace años», ha indicado.
Ha instado a dar un paso al frente y ser la tercera ciudad de España detrás de Sanlúcar de Barrameda y de Jerez donde ya han sido declaradas ciudades anti bullying. Desde la oposición se ha criticado esta propuesta.
«Traigan esta propuesta cuando ustedes mismos en sus planteamientos y en sus propuestas no estén incitando al acoso contra los jóvenes migrantes y contra los jóvenes y las jóvenes del colectivo LGTB», ha conminado Manuel Copé, portavoz de Esquerra Unida-Podem.
También la portavoz socialista Ana Barceló ha recriminado la iniciativa. «Lo pide usted, Vox, que está en la estrategia de la confrontación. Lo pide un partido que tiene un discurso xenófobo y racista, lo pide un partido que ha utilizado los escraches en las puertas de las sedes socialistas, que ha utilizado la violencia, el machismo, la homofobia al ritmo del cara al sol, con banderas inconstitucionales y con claras alusiones al dictador Francisco Franco».
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular. La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha lamentado que la oposición haya «virado «desvirtuado» con sus argumentaciones el objetivo propuesto, que es nombrar la ciudad como contraria al acoso escolar. «Desde el Ayuntamiento de Alicante ya trabajábamos con los jóvenes, ya trabajábamos con las familias», ha señalado y es por ese motivo por lo que ha respaldado el punto. Ha indicado que recientemente el Ayuntamiento ha implementado una campaña para fomentar el bueno uso de las tecnologías e la información y la comunicación tanto para alumnado como para familias y profesorado.
No prospera la declaración para rechazar las casas de apuestas cerca de colegios
No ha tenido recorrido, sin embargo, la propuesta socialista para rechazar los términos de la modificación de la ley de juego de la Comunitat Valenciana. La exposición de la declaración ha contado con la participación del miembro del departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández y de la asociación de Vecinos Virgen del Remedio, Daniel Llorens. Este ha señalado el peligro de ubicar casas de apuestas en las inmediaciones de centros escolares.
Ha explicado que distintos estudios concluyen que la proporción de adolescentes entre 14 y 18 años que apuestan es del 20 al 28% y que la edad de inicio se sitúa en torno al 15 a los años. Los chicos doblan en prevalencia a las chicas y en torno al 3 o 4 por ciento caen en juego problemático. «Significa que tienen deudas, que han tenido algún tipo de agresiones por impagos, robos, podrán seguir apostando, conflictos familiares, pérdidas sociales, escolares absentismo, entre otros, aparte de todo lo que supone ansiedad, depresión e incluso algunas veces intentos autolíticos». Llorens ha concluido también entre las conclusiones de 9 estudios internacionales que «a menor distancia -entre el establecimiento y los centros educativos- mayor probabilidad de desarrollar un trastorno».
La concejal de Bienestar Social, Begoña León, ha significado que lo más importante es que la propuesta esté asentada en la verdad de los hechos y «no en la interpretación de estos». Defiende que la modificación no elimina la distancia de los 850 metros a los centros educativos, que se mantiene al igual que la de 500 metros entre centros «para todos los locales de nueva apertura».
Y añade que «tan solo se va a permitir que los que ya operaban lo sigan haciendo en las mismas condiciones», lo que se implementa en pro de la «seguridad jurídica a las empresas».
En esa línea se ha expresado la portavoz de VOX, Carmen Robledillo, que ha recordado que los cierres ordenados por la ley del juego del Botànic iban a costar indemnizaciones de más de 420 millones de euros por reclamaciones judiciales.
Aunque ha señalado que es importante la protección de la salud y de los menores, consideran que «están garantizados con medidas de control» y exigen «medidas restrictivas» para prevenir la ludopatía.
Se muestran contrarios a la ley del Botànic enmendada esta semana por el bipartito en las Corts Valencianes porque permite que los locales que ya estaban antes de la ley puedan renovar sus licencias, aunque se encuentren a menos de 850 metros de un centro educativo. «La determinación de la distancia como he dicho de forma retroactiva es injusta y arbitraria por dos motivos: Se les exige a los salones de juego, pero se les exonera a los bingos y a los casinos y se crea una inseguridad jurídica al establecerse que los salones cuya autorización se concedió por 10 años y con posibilidad de renovación con la ley del Botanic se veían condicionados al cierre ilegal».
El Ayuntamiento planea renovar el ascensor junto a la pasarela del Postiquet
A preguntas del grupo socialista sobre las continuas averías del ascensor ubicado entre las calles Virgen del Socorro, la pasarela y la playa del Postiguet, la concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García Garri, ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto para cambiar el elevador y que pueda «ser usado en el exterior y con una mayor accesibilidad».
El PP defiende la alta ejecución de obras
Por otra parte, el grupo Compromís ha reprochado que el equipo de Gobierno haya devuelto dinero de subvenciones, como los 765.000 del Contrato Programa de la Generalitat y ha reclamado saber las cifras totales de ayudas devueltas.
El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Gallego, ha aclarado que la devolución de la ejecución se debe a los términos de plazos de dotación de la propia ayuda. En el caso de la ciudad de Alicante se ha devuelto un 14,34% de esta subvención y ha afeado que en València haya sido del 22,22% con el anterior gobierno de Compromís.
También ha añadido que se ha realizado una ejecución mayor al 90% de todas las subvenciones recibidas, «incluidos, los fondos europeos Next Generation donde hemos sido más que felicitados por el porcentaje de ejecución estando entre los 10 mejores municipios de España».
