El Ayuntamiento de Alicante busca «la mejor solución» para desencallar el plan de estabilidad económico y financiero después de que una serie de exigencias ideológicas de VOX trunquen, al menos momentáneamente, el apoyo necesario de sus tres concejales para sacarlo adelante.
Este lunes, los de Santiago Abascal reclamaban al ejecutivo local hasta 23 acciones para dar su voto a este plan. Entre ellos, un punto a priori no negociable es la dimisión o el cese del edil de Hacienda Toni Gallego. Una cuestión a la que ayer también se sumaron los socialistas y que también este martes en rueda de prensa conjunta, desde Compromís y Esquerra Unida-Podem han solicitado, así como los valencianistas reclaman su reprobación en el próximo Pleno municipal.
Como detonante, para esta exigencia en bloque de la oposición esta el incumplimiento de la regla de gasto fiscal exigida por el Gobierno en 27 millones de euros en el ejercicio de 2024 y que obliga al plan de ajuste.
La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha repetido en diversas ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que «nuestra prioridad ahora es trabajar en la defensa de los alicantinos, de los intereses generales de Alicante y por eso buscamos un plan económico financiero, el mejor para Alicante».
No obstante, queda por ver si el Partido Popular que gobierna sin mayoría absoluta la ciudad, accederá a la petición de apartar a Gallego, algo que no ha aclarado en ningún momento la portavoz. También está por ver cómo desencalla el plan de ajuste. Si se plegará a peticiones ideológicas de la formación de ultraderecha para sacarlo adelante o estrechará la mano tendida de la oposición.
Exigencias de VOX
Entre las propuestas de VOX para dar su voto al plan de ajuste figura, entre otros, la eliminación de actos oficiales por el 8M y de visibilización LGTBI; la reformulación del 25M para eliminar el concepto de violencia a la mujer y catalogarlo como de «violencia doméstica e intrafamiliar».
También la eliminación de nichos para musulmanes en el cementerio; la supresión de fondos a UGT Y CCOO y su participación en órganos municipales; una declaración institucional para el cierre de centros para menores no acompañados en la ciudad, el de los Patronatos de Vivienda y escuelas infantiles o la negativa pública al Pacto Verde Europeo.
Junto a lo anterior, requieren también cerrojazo al Consejo de la Juventud, derogar el plan de juventud, la tramitación de Alicante como «municipio castellano-hablante» y la ampliación de la zona azul así como la modificación de las ordenanzas de ocupación de la vía pública y zonas acústicamente saturadas para una apliación progresiva de ambas.
Asimismo, solicitan que Barcala se vincule públicamente la inseguridad con la inmigración ilegal así como a estas condiciones.
PSOE tiende su mano ante el ‘chantaje’
Por su parte, el grupo socialista ofrece su abstención a cambio de la dimisión del edil de Hacienda y no ceda ante el «chantaje» de la ultraderecha. “Lo anunciado hoy por la ultraderecha es una declaración de guerra contra la ciudad de Alicante, un chantaje que afecta a la infancia, a la inmigración, a las mujeres, a los jóvenes y al colectivo LGTBI. En definitiva, un ataque contra los derechos humanos que es intolerable. Para el Grupo Socialista no existe ninguna duda entre si se debe claudicar para asumir la ruta ideológica de la ultraderecha o defender los derechos fundamentales”, señalaba su portavoz Ana Barceló este lunes en un comunicado.
Hoy martes se reafirman en que el ofrecimiento del principal grupo de la oposición al gobierno de Barcala para la aprobación del plan de ajuste no tiene como objetivo salvar al gobierno del PP, sino evitar las consecuencias de un posible pacto con Vox que supone una declaración de guerra hacia diversos colectivos.
Asimismo, afean las palabras de la portavoz municipal que preguntada por si el concejal Toni Gallego daría alguna explicación o participaría en las negociaciones del plan de ajuste respondía aludiendo al presidente Sánchez «40 días desaparecido sin responder a una sola pregunta ante todos los escándalos múltiples». Así, la portavoz socialista Ana Barceló ha calificado como de «inaceptable» esa respuesta.
Compromís y EU-Podem no consienten retroceso en derechos ni empeorar servicios públicos
En rueda de prensa conjunta, Compromís y Esquerra Unida-Podem también han apuntado a VOX como «igualmente responsable del incumplimiento de la regla de gasto por haber aprobado los presupuestos». El portavoz valencianista, Rafa Mas, ha manifestado que el presupuesto municipal pactado hace dos meses «nos van a llevar a la quiebra, unos presupuestos que van a empeorar los servicios públicos». Y ha criticado la postura de VOX: «Que no nos cuenten películas, que no aguantamos más, no vamos a consentir el retroceso en derechos ni que empeoren, aún más, los servicios públicos. La izquierda alicantina es la alternativa a las derechas y, obviamente, no vamos a blanquear, ni al Señor Barcala ni vamos a entrar en el juego de derecha alicantina».
Manolo Copé, portavoz de EU-Podem, ha incidido al respecto del sobregasto presupuestario y ha negado su apoyo al pla de ajuste si no cambian políticas. «Si no hay capacidad de gestionar el dinero público, para qué queremos más ingresos, si no son capaces de invertir en los barrios de esta ciudad. Vox acaba de sacar su agenda para tapar toda la nefasta gestión del Partido Popular, así que no van a contar con nosotros para este plan de ajuste. Si no cambian radicalmente las políticas que están llevando adelante, nos oponemos tajantemente a cualquier plan de ajuste que implique recortes sociales o privatizaciones. Exigimos transparencia».
