Dieciocho familias alicantinas reclaman a la inmobiliaria Solvia que, en su papel de gestora, interceda con Promontoria Coliseum Real Estate S.L. para renovar los contratos de alquiler social de las viviendas que compraron en su día y dieron en pago por no poder afrontar las hipotecas. Los afectados viven en distintas zonas de la ciudad pero tienen en común que todos negociaron en su día estos arrendamientos con Banco Sabadell, que posteriormente vendió lo inmuebles a dicha empresa.
Los casos más antiguos se remontan a cinco años atrás y, desde entonces, ya ha comenzado el proceso de lanzamiento para 11 familias, mientras que a otras 6 no les han renovado sus contratos, informan desde el Sindicat de Barri de Carolines. Todas ellas han pagado sus recibos. Mari Carmen, una mujer de 74 años, ya tiene fecha para abandonar su casa antes del próximo 31 de diciembre, cuando se ejecutará el desahucio.
Ante “la ausencia de respuesta de Solvia a las llamadas y correos del Sindicat” ayer miércoles, 15 de noviembre, se concentraban en la puerta de Solvia de la avenida Catedrático Soler, personas afectadas junto a miembros el Sindicat de Barri de Carolines, la asociación Cometas y Sonrisas, PAH-Obra Social y el Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales.
Exigen a la inmobiliaria que con capital del Sabadell hasta el pasado diciembre, “que asuma su responsabilidad” como gestora de los contratos de alquiler social, que interceda por las personas afectadas, ya sea para ampliar sus contratos en sus viviendas actuales o en otros inmuebles, ya que la compra del piso no es asequible para ellas. “El Sabadell, un banco rescatado con dinero público, se ha desentendido de las vecinas que llevan pagándole durante años, para dejar sus pisos a merced de la especulación inmobiliaria”.
Manifiestan que como gestora de los contratos de alquiler, Solvia es responsable de mediar con el nuevo propietario y conseguir la renovación de los contratos. “Sin embargo, su tardanza y opacidad durante las negociaciones deja a estas 18 vecinas en una situación de incertidumbre y desamparo. Mientras se dilatan las negociaciones, los contratos finalizan y Promontoria ya ha emprendido acciones judiciales contra 11 de las afectadas”.
Por el momento, ayer tampoco consiguieron su objetivo de ser atendidos por la inmobiliaria ya que, según explica Natalia Fernández, del Sindicat de Barri Carolines, relataba que “una compañera que ha llegado un poco antes de la hora de la concentración ha visto como la persona que estaba en la oficina ha salido y ha cerrado. Entendemos que estaban enteradas de la concentración y han cerrado la oficina antes de la hora en que habíamos convocado”.
