El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha suscrito, a propuesta de los grupos Popular y Ciudadanos que componen el equipo de gobierno, la declaración que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. La iniciativa ha salido adelante con los 16 votos a favor del PP (9), Ciudadanos (5) y Compromís (2), el voto en contra de Vox (2) y 11 abstenciones de PSOE (9) y Unidas Podemos (2).
La concejala de Igualdad, María Conejero, ha manifestado que “el 8 de marzo es un día de reivindicación para todas las mujeres y para denunciar lo que falta para llegar a la plena igualdad y en aras a conseguir el mayor consenso entendemos que la declaración de la FEMP reúne el mismo consenso que debería recogerse en este pleno”.
La responsable de Igualdad ha recorrido con sus palabras las distintas situaciones que afrontan las mujeres en el terreno laboral, en la conciliación laboral y familiar, en el cuidado a personas dependientes y, especialmente durante la pandemia “donde el impacto que está teniendo la COVID en las mujeres es mayor”. También se ha referido a los casos de violencia de género que “obliga a las administraciones a emplearse a fondo”.
Conejero ha cuestionado que “el tripartito de izquierdas presente una declaración diferente -que finalmente ha sido rechazada por el pleno- en la que aunque coincidimos en la base, pero donde se pone de manifiesto que desconocen las acciones que realiza el Ayuntamiento”.
La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha recordado por su parte y como proponente que “en la FEMP están representados todos los partidos de izquierdas presentes en este pleno por lo que no se entiende que presenten una declaración alternativa como si las mujeres solo estuvieran representadas por sus partidos”. “Hemos avanzado mucho en los planes dirigidos a las mujeres y en aquello que contribuye a eliminar las desigualdades en la sociedad y de forma especial en las mujeres” ha comentado la portavoz popular, quien además la hecho referencia a cómo la COVID ha aumentado las desigualdades de las mujeres.
De España ha apuntado que “tenemos que hacer un mayor esfuerzo apoyando propuestas de igualdad en la vida real, pero pido prudencia en las celebraciones del 8 de marzo, para no caer en errores pasados, porque todavía estamos en riesgo extremo y tenemos que ser responsables”.
La declaración institucional de la FEMP asumida por el Pleno invita a la ciudadanía “a reivindicar un futuro sin discriminación por razón de género y/o sexo, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y oportunidades”. Se insiste en “la necesidad de intensificar, desde el municipalismo, políticas de igualdad de carácter interseccional y transversal y a dotarlas económicamente mediante la elaboración de presupuestos con perspectiva de género”.
La Declaración Institucional “apoya a las mujeres que viven en el ámbito rural” y reclama “el aumento de los esfuerzos para desarrollar políticas encaminadas a fomentar la ocupación, el emprendimiento y la educación para la igualdad de oportunidades, en este ámbito especialmente”. De España y Sánchez expresan “la importancia de aplicar e implementar la normativa vigente en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres”.
El convenio de la OIT
En esta Declaración Institucional se reclama en el actual ámbito de la crisis sanitaria “que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se dignifique el trabajo al hogar y los cuidados”.
El texto reconoce “las iniciativas y acciones del feminismo” y asume como propias “las esferas de especial preocupación que afectan a las mujeres”. Entre estas se cita la pobreza, la educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente”.
En la declaración también se reafirma “el compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades y con el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva”. Finaliza reclamando “la necesidad de dotar a las entidades sociales de los medios precisos para llevar a cabo las competencias en materia de igualdad, y garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y los desarrollos social y económico sostenibles”.
