El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha instado a la filial irlandesa de Airbnb a bloquear 65.935 anuncios de viviendas completas de uso turístico por considerar que incumplen la normativa autonómica sobre publicidad de alojamientos.
En tres resoluciones enviadas en los últimos meses, la Dirección General de Consumo señaló que estos anuncios carecen del número de licencia o registro obligatorio en varias comunidades, no especifican si el arrendador actúa como profesional o particular y, en algunos casos, incluyen licencias falsas o no expedidas por las autoridades competentes, prácticas todas que inducen a engaño del consumidor. Airbnb recurrió la primera de estas medidas y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un auto reciente, ha respaldado la actuación ministerial, ordenando la retirada inmediata de 5.800 anuncios.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid afecta a anuncios ubicados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi. El ministro Bustinduy ha subrayado su empeño en coordinar con las administraciones autonómicas para poner fin al descontrol en el alquiler vacacional, proteger el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.
Para ello, la Unidad de Análisis de Consumo recopila datos y ofrece asistencia técnica a otras entidades para que desplieguen actuaciones conjuntas. Cabe recordar que, en diciembre de 2024, Consumo abrió expediente sancionador a otra plataforma por publicidad irregular de licencias, y en febrero de 2025 incoó procedimientos contra grandes gestoras de pisos por omitir la condición jurídica del arrendador, mientras que el 27 de marzo pasado se inició expediente contra una importante inmobiliaria por prácticas abusivas. Estos procesos siguen adelante de manera independiente a la acción de bloqueo actual.
