La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha instado al President Puig a que “tome la iniciativa para que haga reconsiderar a Climent su decisión y evite así un colapso que se ve inminente y que afectará a la ciudadanía”.
Desde la entidad solicitan la convocatoria con carácter de urgencia de una reunión de trabajo para fijar la finalización de las concesiones de manera “sensata y razonable”, aprovechando la situación excepcional del cierre por la COVID-19 y la eliminación de la prueba de ruido.
“El conseller Climent, ante la proximidad de la extinción de la concesión y la premura con la que actúa, está tomando decisiones precipitadas e ilegales, carentes de proporcionalidad y que resultan flagrantemente contrarias a Derecho”.
AECOVA sigue abogando “por una transición tranquila que no se base en la improvisación y en las prisas y que no estropee la buena prestación de un servicio público que se ha salvaguardado durante los últimos 25 años”.
“Para poder llevar a cabo una transición correcta se necesitarían 6 meses de preparación y una ejecución llevada a cabo por personal especializado, pero la sociedad que iba a gestionar las estaciones se constituyó 14 meses después de lo previsto (hasta el 13 de noviembre no se nombró al nuevo Gerente), por lo que llevan un retraso considerable en el calendario de la reversión propuesto por la consultora a la que adjudicaron el contrato sobre las actuaciones a realizar”, aseguran desde la Asociación.
Recursos de reposición y escritos técnicos
AECOVA también ha presentado los recursos de reposición y escritos técnicos “para defender su vocación de servicio público”. Han recurrido la resolución del 16 de diciembre de 2022 del Conseller Climent sobre suministros por la que pretende que las concesionarias prolonguen sus contratos de suministros esenciales poniéndolos a disposición de la Generalitat hasta el 30 de junio.
Además, se va a recurrir también la resolución del 23 de diciembre de 2022 por la que asignan la prórroga partida (24 de febrero unas estaciones y 3 de marzo en otras) “ante las dificultades técnicas de desgajar distintos periodos de prórroga, como las desigualdades que generan y la imposibilidad técnica para una correcta gestión”.
En cuanto a los escritos técnicos, se ha redactado uno que recalcula la prórroga hasta 15,3 meses por los daños causados “por la eliminación prematura de la prueba de ruido, así como advertencias que describen las complicaciones técnicas y de toda índole que supone la asunción prematura de la gestión por parte de la empresa pública, para que culpen a las empresas concesionarias del caos y del colapso del servicio público a partir de marzo de 2023”.
Una decisión en contra de la Economía Circular
La eliminación de la prueba de ruido, de manera unilateral, “va en contra de la Economía Circular, de las directivas europeas, de la Conselleria de Medio Ambiente, de la racionalidad financiera y del convenio suscrito con las empresas concesionarias hasta terminar la concesión, lo que genera una modificación radical de las condiciones en las que se celebraba el contrato de la prórroga actual, la cual finaliza el 22 de febrero, ya que ha supuesto la reducción en torno al 20% de los ingresos y de entre el 60 y el 80% de los beneficios de las empresas”.
Por ello, AECOVA propone una nueva prórroga de 15 meses “para poder licitar los servicios esenciales para el correcto funcionamiento de las estaciones, para realizar una auditoría individualizada de cada trabajador y así atender las especificaciones de cada perfil, para acordar un convenio colectivo para los trabajadores con los sindicatos y, sobre todo, para poder seguir dando el servicio de citas previas de forma regular más allá del 3 de marzo de 2023, reduciendo así la incertidumbre de la ciudadanía, los taxistas y los transportistas”.
La zona sur de Alicante, desatendida
La zona sur de la provincia de Alicante “se va a quedar completamente desatendida de estaciones y de ITV móvil desde el 3 de marzo por las prisas del Consell. Municipios como Santa Pola, Pilar de la Horadada, El Campello, Elda, Monóvar, Calpe, Orihuela, Novelda y Redován se quedarán sin una estación de ITV próxima, provocando un impacto en más de 300.000 conductores”.
“Otro motivo más que pone en entredicho la actuación que se está llevando a cabo desde la institución. Con todo, desde AECOVA están en disposición de seguir aportando 23 millones de euros de beneficio a la Generalitat hasta que se termine la transición del modelo con garantías para los trabajadores, los empresarios, los contribuyentes y para las arcas públicas”.
Desde la entidad están a disposición de dialogar y acordar, tal y como siempre han manifestado. Por eso, instan a Ximo Puig a que les dé una respuesta y ponga una solución a una situación que puede convertirse en un caos, ya que la Generalitat “no está preparada” para afrontar “con calidad” la gestión de las ITV a partir de febrero.
