La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido la necesidad de promulgar una ley por la abolición de la prostitución que persiga a los clientes y al proxenetismo para poder “proteger a las mujeres víctimas del sistema prostitucional”. En este sentido, ha recordado que más del 80 por ciento de las mujeres y niñas que ejercen la prostitución en España “son víctimas de trata”.
La consellera se ha expresado así durante su intervención en la jornada “Experiencias en torno al 25-N” organizada por la Subdelegación del Gobierno y la Universidad de Alicante que se ha celebrado este martes con la presencia, además, de la profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Ana de Miguel y el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.
“Necesitamos una ley integral para abolir la prostitución como la que se promulgó en Suecia donde se ha conseguido reducir los delitos de trata notablemente”, ha defendido la consellera que, además, ha recordado que la trata “no existiría si no existiera la prostitución”.
Por ese motivo “al igual que se ha hecho en Francia”, hay que llevar a cabo “un cambio de paradigma que ponga el foco en la demanda”. En ese sentido, Gabriela Bravo ha lamentado que España “es el primer consumidor de sexo pagado de Europa y el tercero del mundo, sOlo superado por Tailandia y Puerto Rico”.
Para Bravo “no se puede banalizar” este fenómeno ni tampoco “como ha ocurrido aquí en Alicante, llevar a cabo políticas que criminalizan a las víctimas y la pobreza”, en referencia a la reciente ordenanza aprobada por el Ayuntamiento que prevé multas para quienes ejerzan la prostitución o la mendicidad en la vía pública. “No es digno de una sociedad democrática”, ha denunciado la consellera, “tratar la prostitución como un problema de orden público y ver a estas mujeres como seres peligrosos para el resto”.
Según Bravo “el problema está en quienes demandan sexo pagado y en quienes se aprovechan de la vulnerabilidad económica y social de estas mujeres”.
De ahí que sea necesaria “una ley integral” además de “políticas de integración social y laboral para ayudar a esas mujeres a salir de ahí”. Además, por encima “del mínimo número de supuestas voluntarias” que ejercen la prostitución porque quieren “y que algunas invocan para defender que se legalice esta práctica”, tenemos “que proteger los derechos de la inmensa mayoría de esas mujeres que han sido engañadas o directamente forzadas a vender sus cuerpos”.
Por todo ello, la consellera ha reclamado todos esos cambios legales para que “se asuma la prostitución como lo que es, una forma más de violencia de género”, ha concluido.
