La magistrada Sofía Díaz, presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón y víctima del llamado bulo del Bar España, ha explicado ante el juez que lleva 30 años sufriendo un supuesto hostigamiento continuado por parte de los acusados. Según ha relatado, las mentiras y difamaciones difundidas en internet la han convertido en un ‘monstruo’ al que se atribuyen ‘los peores delitos del Código Penal’.
Díaz ha declarado en la tercera sesión del juicio que se sigue contra seis personas, acusadas de injurias y calumnias. La causa investiga la difusión en redes sociales de acusaciones falsas sobre una presunta red de pederastia inventada, en la que se habrían cometido numerosos delitos también ficticios. En esa trama no sólo se ha implicado a la magistrada, sino también a varios responsables políticos.
Reiterados retrasos en el juicio
La sesión ha vuelto a verse afectada por retrasos. Una de las acusadas, Pilar Baselga, ha conectado por videoconferencia una hora tarde, apenas unos minutos después de que el juez hubiera planteado dictar una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra ella.
Este nuevo incidente se suma al de la primera jornada, cuando un fallo informático aplazó dos horas el inicio de la vista oral. También al de la segunda sesión, en la que otro acusado llegó con una hora y media de retraso alegando problemas en los trenes. Estos contratiempos han obligado al tribunal a reprogramar sucesivamente la comparecencia de numerosos testigos y víctimas.
Durante casi tres horas, la presidenta de la Audiencia ha reconstruido ante el tribunal unos hechos que, según ha explicado, se remontan a 1997. En ese momento ocupaba una plaza de jueza en Vinaròs, cuando acudió a su juzgado Reinaldo Colás, señalado como origen del bulo.
Colás denunció entonces supuestos abusos sexuales sufridos por sus dos hijas menores, de 3 y 5 años, por parte de la pareja actual de su exmujer. Esos abusos no se demostraron y la causa terminó archivada. A partir de ahí, ha señalado Díaz, ‘empezaron a aparecer noticias calumniosas sobre mí’ y arrancó ‘un calvario al que después me han sometido los acusados y muchos más’.
La magistrada ha atribuido las primeras informaciones falsas a Colás, al que ha descrito como ‘misógino y alcohólico’. Ha añadido que incluso llegó a relacionarla con ‘una supuesta participación en una red de pederastia vinculada al caso Alcàsser‘.
‘He estado en todos los asesinatos de la Comunitat Valenciana’, ha afirmado Díaz. Ha detallado que, según los contenidos difundidos, la habrían acusado incluso de matar a un empresario o de estar implicada en un caso de violencia de género en el que asesinaron a una mujer y a su hijo.
Impacto en su vida personal y profesional
La jueza ha explicado que todo este hostigamiento ha condicionado su vida laboral y personal. Ha contado que vivía con miedo y que evitaba aparecer incluso en fotografías, por temor a nuevas campañas en redes.
Ese temor la ha llevado a solicitar varios traslados a otras sedes judiciales. Cada cambio, sin embargo, provocaba según su relato ‘una reactivación de ellos’, en referencia a los acusados, que volvían a lanzar acusaciones ‘a diestro y siniestro’.
Díaz ha identificado a tres de los acusados, detrás de perfiles como ‘Técnico preocupado’, ‘Las cloacas del sistema’ o el usuario Juan L. Según ha dicho, estos perfiles comenzaron a difundir en redes sociales contenidos falsos y acusatorios contra ella, que alcanzaron miles de visualizaciones. También ha asegurado que llegó a recibir amenazas de muerte.
Entre esos contenidos ha citado vídeos, entradas en páginas web y artículos que ha calificado de pseudoperiodísticos. ‘Se siguen compartiendo a día de hoy, es incontrolable’, ha lamentado ante el tribunal.
Según su declaración, los acusados han actuado ‘todos coordinados’. Tres de ellos llegaron incluso, siempre según su versión, a protagonizar una acción a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Allí la señalaron públicamente como pederasta, lo que desencadenó en ella una crisis de ansiedad.
Díaz ha mantenido que ese hostigamiento no ha cesado. Ha afirmado que se le ha ‘humillado de todas las maneras posibles’ y que estas campañas han dañado su reputación personal y profesional, generándole un miedo constante.
‘Me han robado mi privacidad‘, ha asegurado. Ha añadido que en internet ‘me conoce todo el mundo por los delitos más graves del Código Penal’. También ha advertido de que los acusados han dejado una ‘huella digital’ que, en su opinión, le afectará para siempre, incluso después de su muerte.
La vista se ha suspendido al mediodía para la pausa de la comida. Está previsto que se reanude esta tarde con las declaraciones de otras víctimas. Entre ellas figuran el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra.
