La Audiencia de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Joaquín Martins, conocido como ‘el Mauri’ y hermano de Antonio Anglés, por participar junto a otras cinco personas en el secuestro y la tortura de un hombre en noviembre de 2021 en el área metropolitana de València.
La sentencia también ha impuesto a los seis condenados el pago de 10.000 euros a la víctima por las lesiones sufridas y el daño moral causado. Además, deberán indemnizarle con 393 euros por los objetos y dinero robados y con 240 euros por los bienes destruidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Martins se cambió el apellido después de que su hermano Antonio Anglés fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Anglés huyó entonces y nunca ha sido detenido, un hecho que ha mantenido este caso en la memoria colectiva.
Planificación del secuestro y captura de la víctima
Según los hechos probados, las seis personas condenadas se pusieron de acuerdo, junto con otras no identificadas, para capturar a un hombre llamado Francisco. Diseñaron el plan con seguimientos previos, escogieron los lugares para abordarle y retenerle y definieron el uso de violencia e intimidación para doblegar su voluntad.
El tribunal detalla que se repartieron las tareas, aunque no ha sido posible determinar qué función asumió cada acusado. Todos actuaron enmascarados y con guantes, por lo que no dejaron restos biológicos ni otros vestigios que permitieran identificarles individualmente.
Durante varios días anteriores al 29 de noviembre de 2021, los procesados vigilaron los movimientos de la víctima. Comprobaron la ruta más adecuada para actuar sin riesgo, el punto de abordaje y el lugar donde pensaban mantenerlo retenido para lograr sus objetivos económicos.
La tarde del 29 de noviembre, el grupo interceptó al hombre cuando circulaba con su vehículo. Iban en dos furgonetas, vestidos con ropa oscura, pasamontañas y guantes, y portaban dos armas de fuego que no han sido recuperadas. Le obligaron a bajar del coche a la fuerza, le golpearon por todo el cuerpo y lo empujaron a una de las furgonetas.
Tras el secuestro, llevaron a la víctima a una nave industrial situada en Catarroja, en la provincia de Valencia. Allí lo desnudaron, lo golpearon de forma continuada y lo amenazaron mientras le exigían 200.000 euros a cambio de dejarlo en libertad.
Torturas para obtener dinero y liberación
La cantidad inicial fue rebajada durante el cautiverio, después de que el hombre insistiera en que no disponía de ese dinero. Pese a ello, los agresores intensificaron la violencia para forzarle a conseguir alguna suma.
En ese periodo de retención, el tribunal considera probado que los acusados utilizaron cadenas para propinarle latigazos por distintas partes del cuerpo. Con unas tenazas le hicieron un corte en un dedo de la mano y otro en una oreja, y le clavaron una navaja en uno de los muslos.
Las agresiones le dejaron en estado de semiinconsciencia en algún momento del secuestro. Mientras estaba así, le quemaron con brasas y arrojaron sobre su cuerpo un líquido para comprobar si reaccionaba.
Al convencerse de que no iban a obtener la cantidad de dinero que reclamaban, los procesados acordaron liberar finalmente a la víctima. A las 21.37 horas de ese mismo 29 de noviembre lo dejaron maniatado y desnudo en la carretera de Santa Ana, dentro del término municipal de Paiporta.
Un tercero lo encontró en ese punto y pudo pedir ayuda. Las lesiones requirieron una primera asistencia facultativa y posteriormente tratamiento médico y quirúrgico. El informe pericial señala que tardaron 17 días en curar, con 15 días de perjuicio personal por pérdida de calidad de vida básica y 2 días de perjuicio moderado.
Los procesados abandonaron el vehículo de la víctima y las dos furgonetas usadas en distintos municipios del área metropolitana de València. Esta actuación trataba de dificultar el rastreo policial y la reconstrucción del recorrido seguido aquel día.
La investigación culminó con las detenciones en 2023 en Paterna, Alfafar y Albal. A los arrestados se les ha atribuido una larga lista de delitos: detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, robo y uso de vehículo a motor, falsedad documental y hurto.
Detalle de las condenas y medidas de alejamiento
La Audiencia de Valencia ha condenado a seis personas como autores de los delitos de detención ilegal, con 4 años de prisión, lesiones con 5 años, amenazas con 2 años, robo con violencia con 5 años y daños con 1 año y 9 meses. Las penas suman los 17 años y 9 meses de prisión que recaen sobre cada uno de ellos por el conjunto de los delitos.
La sentencia también impone a estos seis condenados la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio que frecuente. Tampoco podrán comunicarse con ella por ningún medio durante un periodo de 5 años superior a la pena de cárcel impuesta.
Además, otra persona ha sido condenada a 6 meses de prisión por un delito de receptación relacionado con los hechos. En cambio, el tribunal ha absuelto a todos los procesados del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba inicialmente, al no considerar acreditada esta circunstancia penal.
