El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido en Alicante la llamada ‘prioridad nacional’ en vivienda pactada con Vox, pese a las críticas de la oposición y a las advertencias europeas por la exigencia de hasta diez años de empadronamiento para acceder a ayudas públicas.
Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los medios tras asistir a la apertura del sexto Foro Económico Español de Alicante, celebrado este martes en el Distrito Digital del Puerto de Alicante.
Según ha argumentado, esta prioridad para quienes llevan más tiempo residiendo en un municipio no es una novedad. ‘Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados’, ha señalado.
Para el líder del Consell, no existe ‘ningún problema’ con las medidas acordadas con Vox. Ha asegurado que se aplican ‘en todas las administraciones, sean del signo político que sean’, y ha enmarcado la polémica en un debate que considera interesado.
‘Creo que se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece, me parece estéril’, ha afirmado Pérez Llorca. Se ha reafirmado en el pacto con Vox porque, según ha sostenido, ha permitido a la Comunitat Valenciana ‘tener estabilidad’, aprobar un presupuesto, bajar impuestos y construir vivienda pública.
‘No me arrepiento de nada del pacto’, ha añadido. Además, ha defendido que su gobierno tiene ‘capacidad de diálogo y capacidad de entendimiento, algo que nos va a permitir seguir siendo una tierra próspera’. Con estas palabras ha querido presentar el acuerdo con Vox como una herramienta de gobernabilidad, pese al rechazo frontal de la oposición.
PP y Vox cierran filas con la medida
En paralelo a las palabras del president, el síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha respondido a las denuncias de Compromís. Ante los medios, ha asegurado que ‘debe haber un malentendido’ y ha reivindicado la coherencia de la ‘prioridad nacional’.
Pastor ha insistido en que no se trata de una singularidad del actual Consell. Ha apuntado que municipios gobernados por el PSOE, y en concreto Gandia, también aplican requisitos exigentes de arraigo para el acceso a vivienda.
‘En la tierra de Diana Morant es donde más duros son respecto al arraigo, allí piden 10 años. No creo que Europa vaya a poner ningún problema’, ha afirmado el síndic popular. Con estas palabras ha intentado relativizar el alcance de la resolución europea que cuestiona la exigencia de diez años de empadronamiento.
Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha defendido la legalidad del sistema de baremación. Ha asegurado que la ‘prioridad nacional’ es ‘absolutamente legal’ y ha afirmado que no tienen dudas al respecto porque ‘Vox no hace las cosas sin pensar, sino que las trabaja’.
Llanos ha subrayado que fijar criterios de prioridad en los baremos ‘es constitucional, como se hace en muchas otras cuestiones’. Ha enmarcado así el requisito de los años de padrón en las prácticas habituales de las administraciones cuando ordenan el acceso a recursos limitados, como la vivienda pública.
PSPV y Compromís elevan el tono y hablan de racismo
En el lado opuesto, los partidos de la oposición han endurecido el discurso contra el modelo impulsado por PP y Vox. Tanto PSPV como Compromís han calificado la ‘prioridad nacional’ de medida racista y han reclamado su retirada.
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant ha recordado en redes sociales que ya advirtió ‘desde el primer momento que la prioridad nacional choca con los principios de igualdad recogidos en la Constitución Española’. Morant ha añadido: ‘Hoy, el PP Europeo le recuerda a Pérez Llorca que es ilegal exigir 10 años de empadronamiento para acceder a ayudas a la vivienda’.
En los pasillos de Les Corts, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a PP y Vox de que ‘intentan engañar’. Ha calificado como ‘radicalmente falso’ que los municipios gobernados por socialistas apliquen la ‘prioridad nacional’ en sus normas de acceso a vivienda.
‘No hay ninguna norma que diga que un nacional está por delante de un extranjero para ser beneficiario de derechos como la vivienda, no existe en ningún lugar de España. Existe el arraigo, que es diferente‘, ha subrayado Muñoz. El dirigente socialista ha lamentado que el PP de la Comunitat Valenciana ‘es el más racista de toda Europa’ y ha instado al PP europeo a tener ‘más sentido común’ y a ayudar a ‘defender los valores de la democracia y que no se permita el apartheid’.
Desde Compromís, su portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado que la formación ya había presentado una denuncia al Defensor del Pueblo por esta cuestión. Ha avanzado que sumarán la resolución de la Comisión Europea a esa denuncia para reforzar su argumentación jurídica.
‘Si yo fuera el Gobierno valenciano, lo que haría seria anular estos artículos que contravienen la legislación europea, a no ser que el PP sea tan dócil y débil respecto a Vox que quiera mantenerse en el error y que un tribunal acabe diciendo que es anticonstitucional’, ha concluido Baldoví. Con esta advertencia ha puesto el foco en el posible recorrido judicial de la norma si el Consell no rectifica.
El pulso político sobre la prioridad nacional en vivienda se ha intensificado así en Les Corts. Mientras el Consell y sus socios de Vox cierran filas y apelan a la estabilidad y al arraigo vecinal, PSPV y Compromís preparan nuevas acciones institucionales y jurídicas apoyándose en los pronunciamientos europeos y en el principio constitucional de igualdad.
