La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cuestionado este 9 de octubre en València si algunos de los jueces del Tribunal Supremo que han anulado el decreto universitario del Gobierno trabajan en universidades privadas, tras afirmar que respeta la decisión pero considera que afecta de forma directa al acceso de las familias a la educación superior.
Morant ha realizado estas declaraciones a su llegada al Palau de la Generalitat, durante los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Allí la han preguntado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el decreto estatal que endurecía los requisitos para crear nuevas universidades.
La norma buscaba frenar la proliferación de centros privados de enseñanza superior que no cumplieran los estándares de excelencia exigidos. El objetivo era garantizar una oferta universitaria con mínimos homogéneos de calidad y evitar proyectos con pocos recursos docentes o investigadoras insuficientes.
Universidad pública, familias y deuda
Según la ministra, para el Tribunal Supremo este decreto ‘no es urgente’. Sin embargo, ha defendido que sí lo es para muchas familias, que dependen de la universidad pública para que sus hijos puedan estudiar.
Morant ha señalado que ‘el 14 % de los créditos bancarios se piden para pagar los estudios de nuestros jóvenes’. Ha subrayado que este porcentaje refleja hasta qué punto los hogares necesitan endeudarse para asumir el coste de la enseñanza superior.
‘Las familias se endeudan para pagar esos estudios porque no hay plazas en la universidad pública‘, ha afirmado. A su juicio, esta situación conduce a un escenario en el que ‘podrá ir a la universidad aquel que se lo pueda pagar’.
En este contexto, la ministra ha defendido que el decreto anulado pretendía ordenar el mapa universitario y reforzar la planificación pública. También ha recalcado que, sin herramientas como esta, se amplía la brecha entre quienes pueden acceder a la universidad sin problemas económicos y quienes dependen de becas y plazas públicas.
Dudas sobre la imparcialidad de los jueces
Morant ha insistido en que el Gobierno debe respetar la sentencia del Supremo. No obstante, ha añadido que le gustaría ‘repasar cada uno de los jueces que ha dado esa sentencia, cuántos trabajan en la universidad privada’.
Con esta reflexión, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto el foco en los posibles conflictos de intereses en el ámbito judicial. Ha planteado que ‘tendremos que empezar a hablar de cómo aquellos que deciden y pueden tumbar decisiones del poder legislativo y del ejecutivo no pueden tener intereses que explican en muchas ocasiones el sentido de sus sentencias’.
Morant ha ligado esta preocupación con el debate sobre la independencia y la transparencia de quienes adoptan decisiones clave que afectan a políticas públicas. Especialmente, ha remarcado el impacto en el modelo universitario y en la igualdad de oportunidades para acceder a los estudios superiores.
La ministra ha concluido que el Gobierno mantiene su compromiso con la calidad del sistema universitario y con la defensa de la universidad pública. También ha defendido que cualquier regulación debe priorizar que las familias no vean limitado el futuro académico de sus hijos por motivos económicos.
