Seis detenidos por un fraude de más de dos millones en la venta de carburante en Villajoyosa

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La operación 'Vatoil-Visco' ha permitido intervenir 86.000 litros de combustible, bloquear más de 60 cuentas bancarias e investigar a otras ocho personas

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a seis personas e investigan a otras ocho por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la distribución y venta de hidrocarburos al margen del control fiscal. La trama, asentada en Murcia y con actividad en Alicante y otras provincias, habría defraudado más de dos millones de euros a Hacienda en un solo año.

La operación, denominada ‘Vatoil-Visco’, también ha llevado al precinto de tres depósitos que contenían 86.000 litros de carburante. Además, los investigadores han precintado los surtidores de tres estaciones de servicio. Una de ellas se encuentra en Villajoyosa, mientras que las otras están situadas en Miguelturra, en Ciudad Real, y Linares, en Jaén.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a comercializar carburante. Estas empresas presuntamente realizaban operaciones sin repercutir los impuestos que gravan la venta del combustible.

El caso se suma a otras investigaciones relacionadas con el sector de los hidrocarburos. En abril, la Guardia Civil desarticuló otra organización dedicada a estafas con combustible con ramificaciones en Alicante, Murcia y Almería.

Un entramado de empresas para distribuir el carburante

Según la investigación, la organización utilizaba un entramado empresarial para adquirir y distribuir el producto. Los responsables también habrían empleado documentación mercantil alterada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las operaciones y ocultar el origen de los beneficios.

Las cantidades investigadas corresponden únicamente a una parte de la actividad detectada. Durante 2025, y solo en relación con dos de las sociedades investigadas, el entramado habría dejado de ingresar alrededor de 400.000 euros de IVA.

A esa cantidad se suman más de 1,8 millones de euros correspondientes al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. De este modo, el supuesto perjuicio a la Hacienda Pública supera los dos millones de euros en un año.

Tras reunir indicios suficientes, los investigadores desplegaron un amplio dispositivo con la participación de unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia. También intervinieron agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

En la provincia de Murcia se practicaron seis registros. Uno tuvo lugar en una nave industrial y los otros cinco se desarrollaron en distintos domicilios. Cinco de los implicados fueron detenidos de forma simultánea. Los agentes localizaron y arrestaron al sexto sospechoso al día siguiente en la misma provincia.

Más de 60 cuentas bancarias bloqueadas

Los registros permitieron intervenir cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9.000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.

Además, los responsables de la operación adoptaron medidas preventivas sobre el combustible y las estaciones de servicio relacionadas con las pesquisas. Los tres depósitos precintados contenían un total de 86.000 litros de carburante.

Los surtidores afectados corresponden a estaciones situadas en Villajoyosa, Miguelturra y Linares. Los investigadores también han conseguido bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.

A los detenidos se les atribuye un presunto delito de pertenencia a organización criminal. En función de su grado de participación, también se investigan posibles delitos contra la Hacienda Pública y los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

Los seis arrestados han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela. Uno de ellos ha ingresado en prisión debido a un señalamiento judicial que ya estaba vigente con anterioridad. El resto ha quedado en libertad con medidas cautelares.

La investigación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante. El dispositivo también ha contado con el apoyo de la Comandancia de Murcia. La Guardia Civil mantiene entre sus áreas de actuación la investigación de organizaciones criminales y delitos económicos.