El Senado ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de la Administración Penitenciaria como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. La medida culmina la tramitación parlamentaria de una reivindicación histórica del colectivo y queda pendiente de los trámites necesarios para su entrada en vigor.
La modificación afecta al artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre. El Congreso de los Diputados ya había aprobado la iniciativa el pasado 11 de junio, con 323 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones, antes de remitirla al Senado.
La tramitación de la reforma puede consultarse en la ficha oficial de la iniciativa en el Senado.
Más protección jurídica para el personal penitenciario
Uno de los principales efectos de la reforma es el reconocimiento expreso de la condición de agente de la autoridad durante el ejercicio de las funciones penitenciarias. La modificación también introduce nuevas garantías relacionadas con la actuación profesional y la protección de los trabajadores.
ACAIP-UGT destaca especialmente el respaldo jurídico que supone el cambio para las intervenciones que realizan los funcionarios en los centros penitenciarios. El sindicato también pone el foco en el valor probatorio de sus informes y testimonios y en la protección económica ante determinadas agresiones sufridas durante el servicio.
Por su parte, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) subraya otras consecuencias de la reforma. Entre ellas señala una mayor protección frente a las agresiones y la posibilidad de utilizar el número de registro profesional para identificarse en determinados procedimientos, sin necesidad de facilitar nombre y apellidos a los internos.
TAMPM también destaca que la Administración responderá de las indemnizaciones por lesiones o daños sufridos en acto de servicio cuando el interno responsable sea declarado insolvente. La organización sindical señala además medidas relativas a la separación del resto de internos si un empleado penitenciario ingresa en prisión, así como formación específica antes de incorporarse al puesto de trabajo.
La reforma llega después de años de reivindicaciones del colectivo penitenciario y de denuncias sindicales relacionadas con las agresiones y las condiciones de seguridad dentro de las cárceles.
Los sindicatos mantienen otras reivindicaciones
TAMPM valora positivamente la aprobación, aunque considera que el reconocimiento jurídico debe acompañarse de otras medidas. La organización reclama plantillas suficientes, medios de seguridad modernos y accesibles y el reconocimiento del trabajo penitenciario como profesión de riesgo.
ACAIP-UGT, por su parte, considera que la modificación representa un punto de inflexión para los trabajadores penitenciarios y aporta un marco jurídico más definido para el desempeño de sus funciones. El sindicato también ha anunciado que permanecerá pendiente de la publicación definitiva de la norma.
El Congreso había aprobado previamente la proposición de ley orgánica el 11 de junio. La tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados recoge tanto el texto como las votaciones realizadas antes de su remisión a la Cámara Alta.
