Un juzgado investiga al alcalde de Villena por el robo del Tesoro

Ejemplo de shortcode con estilo
Un juzgado de Villena ha abierto diligencias por el robo del Tesoro de Villena contra el alcalde Fulgencio Cerdán y la directora del museo Muvi.

Un juzgado de Villena ha abierto diligencias previas por el robo del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de oro de la Edad del Bronce, contra el alcalde del municipio, el socialista Fulgencio Cerdán, y la directora del Museo de Villena (Muvi), Laura Hernández.

Según recoge el auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena

Según recoge el auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, Plaza número 2, la investigación se ha iniciado tras una denuncia presentada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) por un posible delito de daños por imprudencia.

El procedimiento se centra en esclarecer en qué condiciones de seguridad se encontraba expuesto el Tesoro de Villena en el momento del robo. Este conjunto arqueológico está considerado una de las mayores acumulaciones de piezas de oro de la Edad del Bronce en Europa, por lo que su protección resulta especialmente sensible tanto para el municipio como para el patrimonio histórico de la Comunitat Valenciana.

La denuncia de ADED

La denuncia de ADED sostiene que podría haberse producido una actuación negligente en la custodia de las piezas. Por ello, el juzgado ha acordado abrir diligencias previas para determinar si la gestión del alcalde y de la directora del museo ha cumplido las obligaciones de protección y conservación del patrimonio.

En esta fase inicial, el tribunal ha solicitado la documentación relativa a los protocolos de seguridad del Muvi y a las decisiones adoptadas sobre la exhibición del Tesoro. Además, se prevé la práctica de declaraciones y otras pruebas que permitan aclarar las circunstancias del robo y las posibles responsabilidades de los investigados.

La apertura de diligencias no implica una condena, pero sí sitúa bajo investigación a los máximos responsables políticos y técnicos del museo en el momento del golpe. A partir de ahora, el juzgado deberá determinar si los hechos encajan en un delito de daños por imprudencia y si procede avanzar hacia la apertura de un procedimiento penal completo o archivar la causa una vez analizadas las pruebas.