Joan Baldoví ha asegurado en Elche que el municipio recuperará los 43 millones de euros que reclama a la Generalitat Valenciana si logra ser president de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, y ha planteado destinar ese dinero a vivienda pública, renaturalización del río Vinalopó y nuevas conexiones ciclistas entre barrios, pedanías y las playas.
La deuda histórica con Elche
La denominada deuda histórica tiene su origen en la expropiación, hace más de dos décadas, de terrenos municipales para crear y ampliar la Universidad Miguel Hernández (UMH). El Ayuntamiento valoró entonces ese suelo en 43 millones de euros y el anterior Gobierno valenciano reconoció la reclamación mediante un protocolo. Ese acuerdo contemplaba compensar a la ciudad mediante inversiones extraordinarias, en lugar de un pago directo.
Sin embargo, Baldoví ha denunciado que esa compensación no se ha materializado en la medida comprometida. Por ello, ha vinculado su promesa electoral a saldar definitivamente esa cuenta pendiente con el municipio ilicitano. Según ha subrayado, se trata de un dinero que el consistorio dejó de percibir por ceder suelo público para un proyecto universitario considerado estratégico.
Durante una rueda de prensa junto a la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, el síndic ha reiterado su compromiso. ‘Si soy presidente, Elche recuperará los 43 millones que la Generalitat le debe’, ha afirmado. Ha insistido en que ese dinero debe volver a la ciudad en forma de servicios y equipamientos que mejoren la vida diaria de la población.
Uso de los fondos: vivienda, río y carriles bici
Baldoví ha planteado emplear esos recursos en varios proyectos urbanos. Entre ellos ha citado la rehabilitación de viviendas, la renaturalización del río Vinalopó a su paso por la ciudad y la creación de conexiones ciclistas entre barrios, pedanías y las playas. Estos ejes, ha defendido, permitirían avanzar en sostenibilidad, cohesión social y mejora de la movilidad cotidiana.
En concreto, Compromís propone impulsar vivienda pública y programas de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Además, plantea transformar el cauce urbano del Vinalopó en un gran corredor verde. Ese parque fluvial serviría como espacio de ocio y también como conexión natural entre distintos puntos de la ciudad.
En materia de movilidad, el plan prevé aumentar la red de carriles bici. El objetivo es conectar barrios como Toscar y Carrús con las playas de El Altet y con las pedanías. De este modo, se facilitarían desplazamientos seguros en bicicleta tanto para ocio como para trayectos diarios.
Críticas a la legislatura autonómica y a la gestión local
Baldoví ha sostenido que quedan ‘ocho meses’ para que Compromís pueda gobernar con la confianza de la ciudadanía. Ha calificado la actual legislatura autonómica como ‘perdida’ para Elche. En este contexto, ha criticado la paralización de varias infraestructuras educativas en la ciudad.
También ha lamentado que el Hospital Universitario del Vinalopó continúe bajo gestión privada. A su juicio, esta situación limita el control público sobre un servicio esencial. ‘Es necesario que la Generalitat devuelva el dinero que le debe a Elche para invertirlo en lo que necesita la gente’, ha señalado. Ha acusado además al actual Gobierno valenciano de permanecer alejado de los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Por su parte, Esther Díez ha concretado parte de las propuestas ligadas a la compensación económica. Ha defendido que esos fondos sirvan para impulsar vivienda pública, transformar el cauce urbano del Vinalopó en parque fluvial y mejorar las conexiones ciclistas. Ha insistido en la necesidad de unir mediante carriles bici barrios como Toscar y Carrús con las playas de El Altet.
La portavoz municipal ha cargado también contra la gestión del alcalde, Pablo Ruz. Le ha acusado de subir los impuestos a las rentas medias y de priorizar los viajes institucionales. Según Díez, el equipo de gobierno ha optado por la privatización del mantenimiento de parques y jardines frente al refuerzo de la vivienda y los servicios públicos.
Díez ha anunciado que su grupo municipal ampliará la fiscalización del gasto en desplazamientos oficiales. Ha avanzado que revisarán con más detalle las partidas vinculadas a viajes y representación institucional. El objetivo, ha dicho, es comprobar si se ajustan al interés general de la ciudadanía ilicitana y si compiten con otras prioridades sociales como la vivienda o la mejora de los servicios públicos.
