El abogado José Luis Vera ha vuelto a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 13 de València por el caso Azud y ha negado haber cobrado dinero en negro o mantenido vínculos con el PSPV-PSOE, en la que se perfila como su última comparecencia antes de que la causa pase a juicio.
Con esta declaración se ha dado por concluida definitivamente una instrucción que ha durado nueve años y que ha mantenido procesadas a 38 personas. A partir de ahora, el procedimiento entra en su fase final antes de la vista oral, con la resolución de recursos y la presentación de los escritos de acusación y defensa.
Según fuentes conocedoras de la declaración, Vera ha pedido expresamente volver a comparecer ante la jueza instructora. La investigación le atribuye los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Sin embargo, en la sesión de este miércoles el fiscal no le ha formulado ninguna pregunta, lo que ha centrado la comparecencia en el relato del propio investigado.
Vera ha estado considerado durante la instrucción como uno de los principales conseguidores en instituciones gobernadas por el PSOE. La investigación le señala como intermediario para que el grupo del empresario Jaime Febrer lograra recursos hídricos de la empresa estatal Acuamed destinados al PAI de El Espartal, en Xixona.
El letrado ha rechazado esta versión y ha defendido que su participación se ha limitado a su trabajo profesional. Según las mismas fuentes, ha asegurado que el PAI de El Espartal y el de Benicàssim se los ‘cargaron’ los socialistas, en referencia a decisiones políticas que frustraron esos desarrollos urbanísticos.
Relación con el empresario Jaime Febrer
Durante su declaración, Vera ha detallado cómo conoció al empresario Jaime Febrer, considerado el ‘pagador’ de la trama y responsable de las principales operaciones urbanísticas investigadas en el caso Azud. Ha explicado que el primer contacto se produjo con motivo de unas expropiaciones, en cuyo trámite se cruzaron profesionalmente.
A partir de ese momento, siempre según su versión, Febrer le contrató para elaborar informes y asumir distintos trabajos jurídicos. Por estos encargos, Vera ha insistido en que ha cobrado únicamente sus honorarios profesionales, ingresados en cuentas bancarias y nunca en efectivo ni en B.
El abogado ha señalado además que dispone de un informe pericial que, según ha explicado, acredita que todo el dinero que ha ingresado en sus cuentas se ha destinado a gastos justificados. Con este documento técnico pretende reforzar su tesis de que no ha participado en operaciones de blanqueo ni ha recibido pagos ilícitos.
Tras la declaración de Vera, el juzgado debe resolver ahora los recursos planteados contra el auto de procesamiento. Este paso será clave para fijar de forma definitiva qué imputados llegarán a juicio y por qué delitos concretos.
Una vez resueltos esos recursos, las partes personadas deberán presentar sus escritos de acusación y defensa. En ellos concretarán las penas que solicitan y las pruebas que proponen para la vista oral, que se centrará en una de las mayores tramas de corrupción urbanística investigadas en València en los últimos años.
Trama urbanística y contratos públicos
El caso Azud ha investigado durante casi una década operaciones ligadas a contratos de servicios del Ayuntamiento de València, así como actuaciones urbanísticas en distintas localidades de la Comunitat Valenciana. La instrucción ha puesto el foco en posibles comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones y en circuitos de blanqueo de capitales.
Entre los 38 procesados figuran dirigentes políticos del PP y del PSOE. Entre ellos está Alfonso Grau, que fue teniente de alcalde en los gobiernos municipales de Rita Barberá, y el abogado José Corbín, cuñado de la exalcaldesa. Ambos están acusados de haber cobrado comisiones ilegales vinculadas a contratos y proyectos urbanísticos.
También se encuentran encausados el que fue portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de València y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, además de una exalcaldesa de Xixona (Alicante). La lista de procesados incluye asimismo a varios funcionarios, empresarios y abogados que, según la instrucción, habrían participado en las operaciones investigadas o facilitado su ejecución.
La evolución de la causa en los próximos meses será clave para determinar el alcance penal de la trama y el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados, en un proceso que afecta de lleno a la gestión urbanística y de contratos públicos en València y en otras ciudades de la Comunitat Valenciana.
